El gobierno de Guatemala oficializó la llamada Ley Antipandillas, luego de que el presidente Bernardo Arévalo sancionara el decreto 11-2025 del Congreso de la República. La norma fue publicada en el Diario de Centro América y entrará en vigor este 11 de noviembre, con el objetivo de fortalecer el combate a las estructuras criminales y pandillas que operan en el país.
El artículo 1 del decreto establece un marco jurídico específico para identificar, sancionar y perseguir a los grupos criminales organizados. Con ello, el Ejecutivo busca dar respuesta al creciente problema de violencia y control territorial que ejercen estas organizaciones, especialmente en zonas urbanas.
La aprobación y sanción de la ley ocurre en un contexto delicado, marcado por la fuga de 20 reclusos del penal Fraijanes II, lo que desató fuertes críticas hacia las autoridades penitenciarias. El gobierno ha defendido la medida como un paso urgente para recuperar el control y garantizar la seguridad ciudadana.
La norma reconoce expresamente a las maras y pandillas, entre ellas la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, junto con sus clicas y subgrupos. También abarca a otras estructuras delictivas que recurran a la violencia o la intimidación para operar, sin importar su denominación.
Entre sus disposiciones más destacadas, la ley penaliza el reclutamiento ilícito de menores, imponiendo penas de hasta 18 años de prisión y multas que alcanzan los 300 mil quetzales (casi 40 mil dólares). Asimismo, sanciona los delitos de usura con castigos de cuatro a diez años de cárcel y multas que van desde 200 mil hasta 500 mil quetzales (más de 65 mil dólares).
Como parte de su implementación, el Ejecutivo destinará 200 millones de quetzales (más de 26 millones de dólares) al Ministerio de Gobernación para la compra de equipo especializado y la construcción de una cárcel exclusiva para pandilleros. Las autoridades aseguran que estas medidas buscan responder de manera frontal al crimen organizado y devolver la tranquilidad a las comunidades más afectadas por la violencia.