El estudio de Global Witness, publicado este 2024, revela que 146 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecieron en el mundo durante el último año, y que el 82% de los casos ocurrió en América Latina.
Pese a que la cifra global representa una disminución frente a los 196 casos reportados en 2023, los expertos advierten que no implica una mejora en la protección, ya que persisten la criminalización y los ataques no letales contra líderes comunitarios.
Colombia encabezó por tercer año consecutivo la lista de países más mortales, con 48 asesinatos, aunque la cifra es menor a los 79 registrados en 2023.
Según la organización Somos Defensores, los programas estatales de protección no han logrado frenar la violencia en medio de disputas por tierras, narcotráfico y minería ilegal.
The stories in our Annual Defenders Report must be heard.
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Together, we can make defenders’ voices impossible to ignore.
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— Global Witness (@Global_Witness) September 17, 2025
Preocupación por Guatemala
En Guatemala, los ataques se dispararon de manera alarmante: de cuatro asesinatos en 2023 a 20 en 2024, el número más alto proporcionalmente a su población. Los casos se quintuplicaron.
Desde 2012, la ONG ha documentado 106 asesinatos y desapariciones en este país, donde los conflictos por la tierra y la presión de proyectos extractivos generan un entorno hostil para comunidades indígenas y rurales. Organizaciones locales denuncian que la falta de garantías estatales ha permitido que persistan los desalojos violentos y la persecución de líderes comunitarios.
La violencia también golpeó a México, donde 19 casos (18 asesinatos y una desaparición) se concentraron especialmente en Chiapas, una región atravesada por disputas criminales.
En Brasil, los homicidios descendieron a 12 en 2024, frente a 25 el año anterior, aunque persisten ataques contra pequeños agricultores y ambientalistas. En Honduras, se documentaron seis asesinatos, entre ellos el del ecologista Juan López, en Tocoa.
Acaba de ser publicado el Informe de Global Witness 2024 sobre violencia en contra de las personas defensoras del ambiente
🇨🇴 por tercer año consecutivo somos el país más violento y mortifero para defender la naturaleza
¡Que defender la naturaleza no nos cueste la vida! pic.twitter.com/50WcABZqks
— Mauricio Madrigal 🌿 (@mmadrigalp) September 17, 2025
El informe recuerda que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, casi mil defensores han sido asesinados en la región. A pesar de que 18 países lo han ratificado, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, Jamaica, República Dominicana y Haití aún no lo han hecho.
Global Witness insiste en que, sin voluntad política y presupuestos claros, el acuerdo seguirá siendo insuficiente para garantizar la protección de quienes arriesgan su vida en defensa del medioambiente.
La ONG concluye que los Estados deben impulsar reformas agrarias, leyes de responsabilidad empresarial y mecanismos de protección preventiva, además de comprometerse a erradicar la criminalización de líderes sociales.
“La gran mayoría de los defensores no lo son por elección, sino porque sus comunidades y territorios están bajo amenaza”, recordó la activista colombiana Jani Silva, quien instó a los gobiernos latinoamericanos a actuar con urgencia.