La elección del próximo fiscal general de Guatemala entra en una fase clave este lunes 6 de abril, cuando comienzan las entrevistas a 49 candidatos bajo la mirada de organismos internacionales y sectores que advierten riesgos de falta de transparencia en el proceso.
La Comisión de Postulación desarrollará las entrevistas durante 4 días. Cada aspirante tendrá hasta 30 minutos para presentar su plan de trabajo y responder a preguntas. Esta es una etapa decisiva para definir quién encabezará el Ministerio Público en el período 2026-2030.
La jornada arranca con 13 candidatos desde las 9:00 de la mañana. Entre ellos figuran profesionales de distintos perfiles. El proceso continuará el martes con otros aspirantes, hará una pausa el miércoles y se retomará el jueves. Ese día está prevista la comparecencia de la actual fiscal general, Consuelo Porras.
Tras las entrevistas, la comisión evaluará a los candidatos entre el 13 y el 16 de abril mediante una tabla de gradación. Esta tabla asignará puntajes según experiencia profesional, formación académica y proyección humana.
El 17 de abril deberá definirse una nómina final de 6 aspirantes, que será enviada al presidente Bernardo Arévalo. El mandatario tendrá la decisión final sobre quién dirigirá el ente investigador durante los próximos cuatro años.
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Hoy, 13 aspirantes a Fiscal General serán entrevistados por la Comisión de Postulación. Entre ellos, Henry Elías Wilson y Paulo Similox Valiente, señalados por falta de honorabilidad por Autoridades Indígenas y la sociedad civil.
— Alianza por las Reformas (@AlianzaRgt) April 6, 2026
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Sin embargo, el proceso no está exento de cuestionamientos. Autoridades y sectores han advertido posibles intentos de manipular la evaluación para favorecer a determinados perfiles, lo que ha encendido el debate sobre la independencia del Ministerio Público.
A nivel internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asociación Internacional de Abogados (IBA) han pedido garantizar una elección transparente, objetiva y libre de presiones. Esto se produce en un contexto marcado por denuncias de intimidación y dudas sobre la credibilidad institucional en Guatemala.