Las fuerzas de seguridad de Guatemala retiraron 201 cámaras de videovigilancia que, según la Policía Nacional Civil (PNC), eran utilizadas por las principales pandillas del país para vigilar colonias, monitorear los movimientos policiales y mantener el control sobre comunidades de la capital.
Los operativos forman parte del Plan Centinela Metropolitano y se desarrollaron en las zonas 3, 6, 7, 13 y 18 de Ciudad de Guatemala, incluyendo sectores como El Gallito y Bethania. Las acciones se intensificaron entre febrero y mayo de este año.
De acuerdo con el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, las cámaras funcionaban como una red clandestina de vigilancia que permitía a integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha emitir alertas sobre patrullajes policiales, controlar el ingreso de personas y vigilar a los propios vecinos.
La ubicación de los dispositivos fue posible gracias a investigaciones de inteligencia, trabajos de campo y denuncias anónimas realizadas por ciudadanos. Todos los equipos decomisados fueron entregados al Ministerio Público para que especialistas analicen las grabaciones y las conexiones utilizadas por las organizaciones criminales.
Las autoridades buscan recuperar imágenes que permitan identificar a integrantes de las pandillas y localizar los centros ocultos desde donde se monitoreaban las cámaras. Las investigaciones también determinaron que parte del sistema podía ser supervisado a distancia mediante teléfonos celulares e incluso desde algunos centros de detención.
El despliegue del Plan Centinela no ha estado exento de riesgos. Apenas tres días después de su lanzamiento, agentes que retiraban cámaras y desmantelaban puntos de venta de droga en la zona 7 fueron atacados a tiros por presuntos miembros de la Mara Salvatrucha. El enfrentamiento dejó un pandillero muerto y otros tres heridos.
Presentado el 17 de febrero por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, el Plan Centinela Metropolitano combina patrullajes, inteligencia policial, investigación criminal y apoyo del Ejército para recuperar el control de zonas consideradas de alta incidencia delictiva.
Para las autoridades, el desmantelamiento de estas redes de vigilancia representa un golpe a la capacidad operativa de las pandillas, que utilizaban la tecnología para anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad y fortalecer su control territorial.