El Gobierno de Guatemala firmó un convenio interinstitucional para avanzar en la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en el departamento de Izabal, una obra que será ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que podría completarse en un plazo de entre 12 y 16 meses.
El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), como parte de una estrategia para fortalecer el sistema penitenciario y limitar la influencia de estructuras criminales que continúan operando desde prisión.
Según las autoridades, el nuevo centro penitenciario se construirá en terrenos que anteriormente fueron utilizados por redes de narcotráfico, lo que representa un intento del Estado por recuperar espacios vinculados al crimen y destinarlos al fortalecimiento institucional.
El ministro de Gobernación, Marco Rivera, confirmó quei la colocación de la primera piedra está prevista para la segunda quincena de abril. Aunque la fecha exacta aún no ha sido definida, el proyecto ya cuenta con estudios de suelo, planos y avances en los permisos ambientales y administrativos.
Mejora del sistema
Las autoridades estiman que la obra permitirá aumentar la capacidad del sistema penitenciario y mejorar el control interno, especialmente frente a líderes criminales que continúan dirigiendo operaciones ilícitas desde las cárceles.
El proyecto también ha generado resistencia en algunos sectores locales. El Gobierno indicó que estas protestas están siendo analizadas, sin descartar que puedan existir influencias de grupos criminales, aunque aclaró que no hay pruebas concluyentes hasta el momento.
Por medio de acciones interinstitucionales, el Estado trabaja para fortalecer la autoridad en los centros de privación de libertad. Se fomenta la transparencia en la utilización de los recursos públicos, con el propósito de recobrar la confianza ciudadana en sus instituciones. pic.twitter.com/JPebLL6s6l
— MinGob (@mingobguate) March 25, 2026
Pese a ello, el Ejecutivo asegura que mantiene diálogo con las comunidades cercanas, ubicadas a entre uno y doce kilómetros del futuro penal. Además, se prevé la contratación de mano de obra local y el desarrollo de programas sociales en la zona.
Con esta iniciativa, Guatemala busca avanzar en el control del sistema carcelario y reducir la capacidad operativa del crimen organizado, en un contexto regional donde la seguridad penitenciaria se ha convertido en un desafío clave para varios países de Centroamérica.