La Superintendencia de Competencia de Guatemala presentó al Congreso una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra acuerdos de precios en el mercado de combustibles. Además, amplía su alcance a toda la cadena de distribución.
La propuesta, liderada por el director Javier Enrique Bauer Herbruger, plantea elevar de forma significativa el techo actual de sanciones. Hoy este se ubica en 3 millones de quetzales (US$390.000). Se trata de un intento por frenar prácticas anticompetitivas que impactan directamente en los consumidores.
El cambio se enmarca en la implementación de la nueva Ley de Competencia, que entrará en plena vigencia en noviembre de 2025. Dicha ley busca alinear a Guatemala con estándares internacionales en regulación de mercados.
Uno de los puntos más relevantes es que las sanciones ya no solo alcanzarían a las estaciones de servicio. También afectarían a empresas distribuidoras y otros actores involucrados en la cadena de comercialización de combustibles.
Multas elevadas
Esto significa que cualquier empresa que participe en acuerdos para fijar o manipular precios de gasolina o diésel podría enfrentar multas superiores a 20 millones de quetzales ($2.6 millones), un salto significativo frente al régimen actual.
Además, la propuesta establece que la Superintendencia de Competencia será la única entidad encargada de investigar, prevenir y sancionar estas prácticas. Así, concentrará funciones que hoy están distribuidas entre varias instituciones.
Proponen multas hasta de Q20 millones para quien se ponga de acuerdo en fijar precios en gasolinas.
La Superintendencia de Competencia de Guatemala presenta su primera recomendación normativa al Congreso de la República de Guatemala para reformar la ley de hidrocarburos y… pic.twitter.com/gxtdJkWScX
— Ramon Hernandez S. (@RamonHernande23) March 25, 2026
El objetivo, según la entidad, es eliminar duplicidades, dar mayor certeza jurídica y hacer más efectiva la regulación del mercado de hidrocarburos en el país.
Actualmente, el control sobre el sector está fragmentado, con participación de diferentes organismos, lo que ha generado limitaciones en la aplicación de sanciones y en la detección de posibles acuerdos de precios.
Con esta reforma, Guatemala busca enviar una señal más fuerte contra la colusión en el mercado de combustibles, en un contexto donde los precios impactan directamente en el costo de vida de la población y en la competitividad económica de la región.