El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció un mecanismo para facilitar el retorno seguro y digno de guatemaltecos en el exilio.
La medida busca responder a personas perseguidas o criminalizadas durante los últimos años. Además, reconoce una deuda del Estado con quienes debieron abandonar el país.
El anuncio ocurrió este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura. Allí, la organización Casa Centroamérica presentó el informe La verdad del exilio, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025).
Gobierno coordinará acciones para facilitar el regreso
Arévalo informó que la Presidencia coordinará el mecanismo con varias instituciones estatales. Entre ellas figuran la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, la Cancillería, Migración y la Procuraduría General de la Nación.
El Ejecutivo también buscará coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones de justicia. El objetivo será revisar procesos penales y facilitar información sobre la situación jurídica de las personas exiliadas.
Según el mandatario, esta coordinación permitirá avanzar contra la instrumentalización de la justicia y los procesos penales.
#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo hace mención de lo que significa tanto para el gobierno como para su persona la entrega del informe sobre el exilio de guatemaltecos, así como de la deuda que tiene el Estado con ellos.
📹: Daniel Ramírez/LH
✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/hzj4kvmhrw— Diario La Hora (@lahoragt) August 14, 2026
Además, el Gobierno prepara un plan para quienes decidan regresar a Guatemala. La propuesta contempla acompañamiento institucional para garantizar un retorno seguro y digno.
Informe identifica patrones de criminalización
El informe presentado por Casa Centroamérica documenta casos de exilio y criminalización registrados entre 2014 y 2025.
La exposición estuvo a cargo del doctor Carlos Martín Beristain. El documento identifica grupos afectados, patrones de criminalización e impactos personales e institucionales.
Entre las personas afectadas aparecen operadores de justicia, periodistas, autoridades ancestrales y pueblos originarios. También figuran estudiantes y defensores de derechos humanos.
El informe señala que el 93 % de los casos documentados corresponde al periodo entre 2018 y 2026.
En la mayoría de estos casos, las denuncias se relacionaron con hechos que no constituían delito. También se registraron restricciones a garantías procesales y detenciones arbitrarias.
Periodistas y defensores tendrán mayor atención
El Gobierno anunció además un fortalecimiento de los mecanismos de atención para grupos considerados en riesgo.
La medida incluye a periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y operadores de justicia.
El propósito consiste en prevenir abusos judiciales y mejorar la respuesta institucional ante posibles vulneraciones de derechos.
Esta acción forma parte de la estrategia anunciada por Arévalo para fortalecer la protección de los derechos humanos en Guatemala.
Arévalo plantea una reconstrucción institucional a largo plazo
El presidente afirmó que su Gobierno busca reconstruir la democracia guatemalteca mediante la protección y defensa de los derechos humanos.
También reconoció que recuperar la confianza en las instituciones de justicia requerirá tiempo y acciones sostenidas.
Según Arévalo, ese proceso no dependerá únicamente de su administración. También deberá continuar durante los próximos gobiernos.
El mecanismo para el retorno de personas exiliadas se suma así a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para atender los efectos de la persecución y la criminalización.
Tres acciones marcarán la respuesta del Ejecutivo
El Gobierno anunció tres líneas principales de trabajo para atender esta situación:
Coordinar acciones con el Ministerio Público y otras instituciones constitucionales para combatir la instrumentalización de la justicia.
Fortalecer la atención institucional para defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y operadores de justicia.
Crear un mecanismo interinstitucional de atención y acompañamiento para personas que continúan en el exilio.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca establecer una respuesta institucional para quienes fueron afectados por procesos de persecución y criminalización.