El gobierno salvadoreño anunció que investiga la venta de repelentes e insecticidas para evitar la especulación de precios en medio de una alerta roja por el alza de contagios de dengue.
La Defensoría del Consumidor dijo que supervisa cadenas de farmacias, ferreterías y supermercados en donde se comercializan esos productos utilizados para combatir los mosquitos transmisores de la enfermedad.
“La Defensoría del Consumidor detalló que la información requerida comprende desde los inventarios y compras de productos antimosquitos hasta las ventas y precios al consumidor, con el fin de prevenir prácticas abusivas como el incremento injustificado de precios”, dijo la entidad estatal en un comunicado.
“La Defensoría del Consumidor busca contribuir a la prevención de la transmisión de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, entre otras, garantizando a la población el acceso a los repelentes antimosquitos e insecticidas a precios justos”, agregó.
La Defensoría advirtió que si los establecimientos evaden compartir la información requerida se exponen a multas de hasta 500 salarios mínimos (un total de $182,500).
