El gobierno panameño aseveró que “habrá un antes y un después” en la seguridad carcelaria que implementarán luego de la masiva fuga de presos del lunes. Las autoridades aseguran que la huida de privados de libertad será un “punto de inflexión” para la toma de medidas.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que “habrá un antes y un después” en la aplicación de medidas en el centro penitenciario de “La Joyita”, aunque no detalló qué tipo de medidas aplicarán, sí dijo que al concluir las investigaciones aplicarán sanciones a quienes sean responsables del escape de presos.
Las autoridades penitenciarias reportaron el lunes la fuga de al menos 195 privados de libertad durante un motín que dejó 3 presos fallecidos, 6 heridos y 3 policías con lesiones. Las últimas cifras dan cuenta de 148 prófugos recapturados, de ellos, cuatro se entregaron voluntariamente, pero todavía faltan 44 por recapturar.
““Lamentablemente, el 1 de junio tiene un día antes y un día después de lo que pasó. Todo cambia. El sistema penitenciario de lo que venía siendo hasta ese día se transforma totalmente” dijo Montalvo a los medios de comunicación.
Según Montalvo, las autoridades se encuentran deduciendo responsabilidades administrativas, disciplinarias y penal sobre la fuga de privados de libertad y recordó que los recapturados enfrentarán un nuevo proceso judicial para ser acusados de evasión.
Todo el personal que estaba de turno cuando ocurrió la fuga se encuentra bajo la investigación que está desarrollando la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP), quien determinará cómo la seguridad externa del penal fue vulnerada para que los presos escaparan.
Montalvo también aseguró que “todas las cabezas están a disposición” de las medidas que el presidente de la República, José Raúl Mulino, pueda tomar una vez se conozcan los resultados de la investigación. Ante lo ocurrido, Montalvo señaló que se debe reforzar la seguridad penitenciaria.
Para la funcionaria, la fuga es una muestra de que las autoridades deben seguir atendiendo la infraestructura penitenciaria. Panamá tiene previsto el desembolso de $257 millones para la construcción de una cárcel en las provincias centrales y un Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas.