El Poder Judicial de Honduras enfrenta una deuda superior a 1,000 millones de lempiras, equivalente a unos $37.9 millones. La obligación corresponde a pagos pendientes de la Secretaría de Finanzas.
La información la confirmó el magistrado Mario Díaz, coordinador de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. El funcionario explicó que el monto se ha acumulado desde finales de 2023.
Retrasos presupuestarios afectan la administración de justicia
Según el magistrado, la deuda del gobierno de Xiomara Castro con el Poder Judicial se ha extendido durante todo el año pasado. Como resultado, varios proyectos institucionales no han podido ejecutarse.
Díaz indicó que la falta de recursos genera dificultades operativas. Estas limitaciones impactan de forma directa en las actividades destinadas a impartir justicia en el país.
Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia planificó iniciativas que siguen pendientes por el incumplimiento presupuestario.
Finanzas mantiene compromisos estatales pendientes
El magistrado recordó que los pagos adeudados forman parte de compromisos de carácter estatal. Por ello, subrayó que la deuda pública con el Poder Judicial debe ser honrada.
También expresó que las autoridades judiciales esperan una amortización significativa antes del cierre del actual período de gobierno. Esa reducción permitiría aliviar la presión financiera del sistema judicial.
Posible traslado de la deuda al próximo gobierno
Díaz advirtió que, si la deuda no disminuye de forma sustancial, el siguiente gobierno deberá asumir la responsabilidad. En ese escenario, la nueva administración tendría que saldarla en el menor tiempo posible.
El 27 de enero, el conservador Nasri Asfura asumirá como presidente del país, en sustitución de la izquierdista Castro.