La reciente evasión de 20 cabecillas del Barrio 18 en la cárcel de Fraijanes II dejó al descubierto una grave debilidad en la seguridad de las prisiones guatemaltecas. Fuentes del Sistema Penitenciario (SP) informaron sobre las dificultades para controlar sistemas de seguridad.
El SP confirmó que desde octubre solo puede acceder a grabaciones en tres cárceles. Esto se debe a la finalización de un convenio con la Asociación de Telecomunicaciones Seguras (Astel) y a fallas técnicas. Estas situaciones dejaron inoperativas las cámaras. Esto significa que no existen registros visuales recientes de lo ocurrido en Fraijanes 2 durante la fuga masiva.
El convenio con Astel, firmado en 2021 durante el gobierno de Alejandro Giammattei, permitió la instalación de 288 cámaras sin costo en seis prisiones. Sin embargo, su vigencia terminó en agosto de 2023 y no fue renovado. Según el actual director del SP, Mario Luis Pacay, la falta de presupuesto impidió extender el acuerdo. Aunque el documento original establecía que el servicio era gratuito.
Además del mantenimiento de cámaras, Astel también administraba el servicio de telefonía pública en las cárceles. Esto se hacía a cambio de sostener proyectos de inhibición de señal y monitoreo. Tras la finalización del convenio, el SP no retomó el control de los sistemas de vigilancia. Tampoco los contratos técnicos necesarios para mantenerlos operativos.
La ausencia de cámaras afecta a 20 cárceles, entre ellas Pavón, Pavoncito, Mariscal Zavala, Santa Teresa y el Centro de Alta Seguridad Canadá. Esto impide saber quiénes entran o salen, lo que, según el diputado José Chic, representa un riesgo grave para la seguridad nacional. “Desde hace tres años no hay imágenes de lo que ocurre dentro de las cárceles. No se sabe quién facilita fugas ni cómo circulan los ilícitos”, advirtió.
El Ministerio de Gobernación reconoció la situación y anunció un plan para “recuperar el control” del Sistema Penitenciario. Este plan incluye un sistema biométrico para identificar reos, más infraestructura y capacitación del personal. Sin embargo, analistas en seguridad señalan que el problema va más allá de la tecnología. Se necesita una reingeniería completa del SP para frenar la corrupción y las redes criminales que operan desde dentro de las prisiones.