La fiscal Ruth Morcillo aseguró el lunes ante el tribunal que el expresidente Ricardo Martinelli conocía el origen ilícito de los fondos vinculados a Odebrecht y que “previó razonadamente” la conducta imputada, al tener conocimiento de que el dinero recibido provenía de pagos corruptos.
“El expresidente sabía y tenía conocimiento de que los dineros que recibía eran provenientes de pagos corruptos, de pagos de coimas a través de las pagadoras de Odebrecht”, afirmó la representante del Ministerio Público durante su intervención, que se extendió por 5 horas y 29 minutos.
Añadió: “Por ende, también es autor de la conducta establecida en el Libro Segundo, artículo 254 del Código Penal, por el delito de blanqueo de capitales, porque recibe fondos previendo razonablemente que proceden con actividades relacionadas no solo con el soborno internacional, peculado y administración pública”.
Martinelli ya tiene una condena previa por corrupción en el llamado caso “New Business” y actualmente vive en Colombia, país al que llegó en mayo 2025 tras asilarse después de esa sentencia.
Durante los alegatos finales, la Fiscalía Anticorrupción detalló una lista de condenas y acuerdos suscritos con personas naturales y jurídicas. Entre los sentenciados figuran José Luis Saiz, con 47 meses de prisión e inhabilitación y multa de $750,000; Jorge Espino, condenado a 42 meses e inhabilitación por igual período con multa de $1,000,000; y Andrés Mozes Libedinisky, con 42 meses de prisión, dos años de inhabilitación y multa de $1,742,212.
También fueron condenados Mauricio Cort y García, a 48 meses de prisión y multa de $1.6 millones; Raúl De Saint Malo y Humberto de León, a 60 meses de prisión cada uno y multas de $1.9 millones; Olmedo Méndez Tribaldos, con 46 meses de prisión y pago de $1.8 millones; y Eduardo Patrao, con 48 meses y multa de $600,000. En otros acuerdos, Daysie Villareal recibió 34 meses y el comiso de bienes; Carlos Hoo, 48 meses e inhabilitación por cinco años con multa de $220 millones; Timothy Scorah Lynn, 48 meses y multa de $2.8 millones; y Freddy Barco, 32 meses con inhabilitación para contratar con el Estado.
La investigación, iniciada en 2017, se sustentó en mecanismos de colaboración internacional que incluyeron declaraciones de ejecutivos de Odebrecht en Suiza y Panamá. Según el expediente, la constructora utilizó su División de Operaciones Estructuradas —conocida como “caja 2”— para canalizar sobornos mediante sociedades en jurisdicciones como Belice, Uruguay, Países Bajos, Bahamas, Bolivia, Chipre y Panamá.
En el proceso se registran sobornos por alrededor de $439 millones pagados por la empresa en varios países, incluidos Panamá, Colombia, México, Perú y República Dominicana. Hasta la fecha, 19 personas han sido condenadas y se han recuperado más de $80 millones.
Morcillo explicó que la fase de sustentación probatoria era “necesaria para fijarlos nuevamente en la mente del tribunal y todos los que nos llevan a este estado procesal. Las personas acusadas previeron razonablemente la comisión del hecho (…)”. Asimismo, recordó el auto mixto del 7 de noviembre de 2022 que estableció el llamamiento a juicio y destacó la autonomía del delito de blanqueo de capitales.
Sobre la teoría del “fruto del árbol envenenado”, planteada por la defensa, la fiscal sostuvo que “no es absoluta la aplicación en este caso de la teoría del fruto del árbol envenenado.
A juicio del Ministerio Público, tiene la juez otros elementos de prueba que se sustentan no solo en una de las reglas de exclusión de la prueba ilícita que sería la buena fe, sino también la fuente independiente y el inevitable descubrimiento…”.
Entre esas pruebas citó la asistencia judicial de Estados Unidos, que reconoció un “esquema utilizado para realizar pagos aproximadamente por 788 millones en sobornos en asociación con más de 100 proyectos en 12 países”.
El proceso continúa en su etapa final bajo la dirección de la jueza Baloisa Marquínez, en uno de los casos de mayor trascendencia judicial en la historia reciente del país.