La Fiscalía General de Costa Rica abrió una investigación penal por el presunto delito de prevaricato contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, tras la destitución de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional, ocurrida el pasado 28 de mayo.
La causa fue registrada bajo el expediente 25-000067-0033-PE, según confirmó el Ministerio Público, y se encuentra en fase preliminar de indagación. El órgano judicial indicó a medios costarricenses que no puede brindar mayores detalles mientras el caso esté en etapa de investigación.
La destitución, que fue liderada por el entonces vicepresidente Stephan Brunner, derivó en un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que resolvió el pasado 10 de octubre anular la decisión del Consejo de Gobierno y restituir en sus cargos a los directivos cesados, al considerar que el proceso violó el procedimiento legal requerido.
La decisión del Ejecutivo se originó por el desacuerdo del Gobierno con el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general del Banco Nacional, nombramiento efectuado el 3 de septiembre de 2024. El proceso administrativo impulsado por Brunner no reportaba anomalías, según el informe final, sin embargo, el Gobierno procedió a la remoción sin contar con el dictamen de la Sugef, tal como lo exige la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Los funcionarios destituidos fueron Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón. Ese mismo día, el Consejo de Gobierno nombró una nueva junta directiva temporal que fue juramentada por el presidente Chaves en menos de dos horas y ratificada parcialmente el 21 de agosto.
Sin embargo, tras la resolución de la Sala Constitucional, los directivos sustitutos Maximiliano Alvarado Ramírez, Javier Zúñiga Moya, María del Milagro Solórzano León, Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto tuvieron que abandonar sus cargos.
Delito y posibles consecuencias legales
Chaves es investigado por prevaricato, tipificado en el Código Penal y que castiga con penas de dos a quince años de prisión a los funcionarios públicos que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos, o cuando, por ignorancia injustificable, violenten sus deberes.
Aunque el Poder Legislativo rechazó previamente una solicitud para levantar la inmunidad presidencial en otra causa, el fiscal general Carlo Díaz aseguró que la Fiscalía seguirá adelante con este y otros procesos que involucren a altos funcionarios.
“Yo tengo una función específica que es ejercer acción penal contra miembros de los Supremos Poderes… No hace que nosotros no continuemos con las investigaciones que tenemos en curso”, manifestó Díaz.
El fiscal reiteró que varias causas contra figuras públicas han sido archivadas, dos elevadas a juicio, y otras permanecen bajo investigación.