La explotación minera en Costa Rica ya afecta a al menos 3,000 kilómetros de terreno en el que se han encontrado más de 132 piletas dedicadas a la extracción de oro, lo que significa que la afectación en el terreno costarricense ha “aumentado exponencialmente”.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que inicialmente la explotación minera estaba focalizada en Crucitas con 900 hectáreas de terreno que eran afectado por la minería, sin embargo, “este año se ha aumentado esa explotación hacia el centro”.
Lo que ha provocado que la zona afectada pase de 900 a 3,000 las hectáreas con impacto actual, donde se ubican las 132 piletas para extracción. Zamora aseguró que esta actividad afecta la soberanía de Costa Rica no solo en el ámbito ambiental.
“La actividad no es estática. Se ha transformado en una devastación progresiva de corredores biológicos y fuentes de agua, generando daños ambientales superando la capacidad natural de regeneración del ecosistema”, señala Seguridad.
Zamora aseguró que la mayoría de los coligalleros, los mineros artesanales, son extranjeros principalmente de Nicaragua, que cruzan la frontera hacia Costa Rica para extraer el oro de forma ilegal. Además, estos mineros también arman sacos de sedimentos para venderlos.
En ese sentido, las autoridades han decomisado más de 3,000 sacos con sedimentos, que en promedio han tenido un peso de 50 kilogramos que acumularon 150 toneladas métricas.
El funcionario explicó que los mineros artesanales han venido alterando la geografía de los 14 mojones distribuidos entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica, para asegurar que puedan escapar rápidamente si detectan presencia policial en la zona.
Aseguró que los mojones 3,8, 10 y 11 habrían sido destruidos para este fin, aunque dijo que ya están trabajando para volver a instalarlos. Las autoridades documentaron túneles de hasta 60 metros de profundidad para la extracción de oro.
En total, las autoridades de Seguridad han encontrado más de 114 túneles. Cada mes, el gobierno costarricense gasta $1 millón en operaciones de seguridad en la zona identificada como de extracción minera ilegal en la zona fronteriza con Nicaragua.