El único acusado del asesinato del obispo guatemalteco, Juan José Gerardi Conedera, fue deportado desde Estados Unidos el sábado 26 de abril y este martes será presentado ante un tribunal de la capital guatemalteca.
Rubén Darío Morales García, exespecialista del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), fue deportado desde Estados Unidos y llegó a Guatemala el pasado sábado 26 de abril. Morales García enfrenta una orden de captura vigente por su presunta participación en la ejecución extrajudicial de Gerardi Conedera, asesinado hace 27 años.
La detención se llevó a cabo en Alexandría, Luisiana, según confirmó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Morales será presentado este martes ante el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Abelina Cruz, donde se celebrará la audiencia de primera declaración.
Morales García era el único de los implicados que permanecía prófugo con orden de captura activa. El Ministerio Público (MP) había perdido su rastro desde hace más de una década, al punto de considerar incluso la posibilidad de que hubiese fallecido. Fue hasta su reciente deportación que se confirmó su paradero.
La orden de captura contra Morales García fue emitida el 7 de julio de 2010 por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Testimonios recabados durante el juicio por el asesinato de Gerardi señalan que Morales se encontraba en la escena del crimen la noche del 26 de abril de 1998, presuntamente tomando fotografías como fotógrafo del EMP. Sin embargo, él negó haber captado imágenes del hecho.
El crimen de Monseñor Gerardi, ocurrido dos días después de la publicación del informe “Guatemala: Nunca Más” —que documentaba violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno—, conmocionó al país. En 2001, cuatro personas fueron condenadas por el caso, pero el tribunal ordenó investigar a otros trece testigos que habrían mentido durante el juicio. Al menos cuatro de ellos fueron posteriormente asesinados.
Tras años de estancamiento en las investigaciones, el expediente pasó del Juzgado Noveno Penal a la jurisdicción de Mayor Riesgo, donde ahora continuará bajo la dirección de la jueza Cruz.
