La policía de Guatemala capturó a un exfiscal que llevó a juicio por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), una detención que se suma a los arrestos de varios exfuncionarios antimafias que preocupan a la comunidad internacional.
El exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, fue detenido tras una serie de allanamientos en Ciudad de Guatemala, informó en un comunicado el Ministerio Público que lo señala del “delito de abuso de autoridad”.
“Durante el año 2019, previo a que finalizara su relación laboral con la institución, ejerció la profesión de abogado y notario a sabiendas de que tenía incompatibilidad con su labor como empleado de la Fiscalía” indicó la entidad dirigida por la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.
López encabezó en 2013 el proceso penal que llevó a juicio por genocidio al exdictador Ríos Montt, acusado de la matanza de cientos de indígenas maya-ixiles durante su régimen de facto, una de las épocas más sangrientas de la guerra civil (1960-1996).
Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión, pero la Corte Constitucional anuló la condena al argumentar errores en el proceso. El general retirado murió en 2018, a los 91 años, mientras se repetía el juicio que se realizaba sin su presencia tras diagnosticarle demencia.
La captura de López se suma a las detenciones de varios exfiscales antimafias y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia de la ONU que operó de 2007 a 2019 y que destapó varios escándalos de corrupción de alto impacto.
Esas capturas han provocado preocupación de la comunidad internacional, mientras que exfiscales que dirigieron las investigaciones, muchos de ellos en el exilio, consideran que se trata de una “persecución”, “criminalización” y “venganza” por el trabajo realizado.
La mayoría son acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público de Porras, quien fue incluida en 2021 por Washington en una lista de implicados en actos de corrupción o que socavan la democracia.
Porras fue sancionada tras su decisión de despedir a Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.
Al menos 30 funcionarios de la justicia guatemalteca tuvieron que exiliarse durante el gobierno de Alejandro Giammattei, desde 2021, denunciando criminalización y persecución por su investigación de casos de corrupción y crímenes de guerra.
Estados Unidos sancionó en 2021 a la actual fiscal general Consuelo Porras y a su secretario y mano derecha Ángel Pineda, retirándoles la visa de entrada a ese país, por obstruir investigaciones anticorrupción y socavar la democracia guatemalteca.
