El exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, anunció su decisión de entregarse a las autoridades hondureñas en relación con un requerimiento fiscal por la presunta compra irregular de ventiladores durante la pandemia de COVID-19.
En un comunicado Rubí expresó su disposición de colaborar plenamente con las investigaciones.
Sin embargo, manifestó su sorpresa ante la decisión del Ministerio Público y el Poder Judicial de presentar este requerimiento, subrayando que siempre ha actuado con transparencia.
“Me presentaré voluntariamente ante las autoridades con la frente en alto, pero solo después de garantizar que el proceso sea justo, imparcial y transparente, respetando mis derechos constitucionales y mi presunción de inocencia”, declaró Rubí. Agregó que está recopilando la documentación necesaria para demostrar su inocencia y confía en que las pruebas lo respaldarán.
Rubí reiteró su compromiso con la verdad y agradeció a quienes lo han apoyado en este momento difícil, asegurando que no descansará hasta que su nombre sea reivindicado. “La justicia y el tiempo se encargarán de aclarar cualquier malentendido”, concluyó.
Están acusados, además, Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de COPECO. Se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en la presunta compra irregular por $2.5 millones.
