Un excandidato a alcalde en Guatemala fue ligado a proceso penal por la posesión de material de abuso sexual infantil, en un caso que expone la dimensión internacional de estos delitos y refuerza las alertas en Centroamérica, incluyendo países como El Salvador, donde también se han intensificado operativos contra redes digitales.
El Ministerio Público (MP) confirmó que Bayron Antonio Tay Mazariegos, de 48 años, deberá enfrentar un proceso judicial tras su captura el pasado 27 de marzo en el departamento de Suchitepéquez. La decisión fue tomada por un juzgado especializado en delitos de trata de personas en Quetzaltenango.
Según las autoridades, el caso se enmarca en el “Operativo Alerta Brasil”, una acción coordinada a nivel internacional que permitió identificar un canal de mensajería donde se compartía material de abuso sexual infantil entre usuarios de distintos países.
La investigación se originó a partir de una denuncia trasladada por la Interpol desde Brasil, en la que se alertaba sobre un grupo digital administrado desde un número telefónico guatemalteco. Este espacio funcionaba como medio de distribución de contenido ilícito.
Ligado a proceso penal por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad ✅#OperativoAlertaBrasil
La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, con base en los indicios presentados logró… pic.twitter.com/t81plfAneM
— MP de Guatemala (@MPguatemala) March 30, 2026
Durante allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP, se logró la detención del excandidato, quien había participado en las elecciones generales de 2023 como aspirante a la alcaldía de San Bernardino.
El juzgado determinó que Tay Mazariegos deberá enfrentar cargos por la posesión continuada de material pornográfico de menores con agravantes, un delito que forma parte de las principales preocupaciones de seguridad digital en la región.
En Centroamérica, este tipo de delitos ha generado creciente alarma. En El Salvador, por ejemplo, las autoridades han reportado un aumento en investigaciones vinculadas a explotación infantil en entornos digitales, lo que ha impulsado mayores controles y cooperación internacional para enfrentar estas redes.