Miles de salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan semanas decisivas en Estados Unidos, con 2 fechas que marcarán el rumbo de su permanencia laboral y migratoria. Aunque suelen confundirse, expertos recuerdan que el programa de TPS y los permisos de trabajo son procesos distintos y con calendarios diferentes.
La primera fecha clave es el 5 de agosto, cuando un juez federal tiene previsto emitir una resolución sobre la demanda que suspendió temporalmente la cancelación de determinados permisos de trabajo. Esa decisión definirá si esas autorizaciones laborales continúan vigentes mientras avanza el proceso judicial.
Reynaldo Alvergue, director de SOS Inmigración, explicó que el fallo judicial únicamente afecta las autorizaciones de empleo y no representa una prórroga del TPS para los salvadoreños. Según detalló, la suspensión ordenada por el juez mantiene con vida esos permisos laborales hasta que exista una resolución definitiva.
La segunda fecha, y la más importante para los beneficiarios del programa, es el 9 de septiembre de 2026, cuando vence oficialmente el TPS para El Salvador. Esa continúa siendo la fecha límite del beneficio migratorio, independientemente del proceso judicial relacionado con los permisos de trabajo.
Expectativa y nerviosismo
El especialista también recordó que el Gobierno estadounidense ya se encuentra dentro del período legal de 60 días previo al vencimiento del programa, durante el cual puede anunciar si extenderá, modificará o pondrá fin al TPS para los salvadoreños.
Al estar a menos de 2 meses de la fecha de expiración, aumenta la expectativa entre las familias que dependen de esta protección.
El TPS fue otorgado a El Salvador tras los terremotos de 2001 y durante más de dos décadas ha permitido que cientos de miles de salvadoreños residan y trabajen legalmente en Estados Unidos.
La incertidumbre sobre su continuidad mantiene la atención no solo de la diáspora salvadoreña, sino también de las autoridades y organizaciones migratorias de toda Centroamérica, debido al impacto económico y social que una eventual cancelación tendría en la región.