El creciente deterioro de los recursos naturales en Nicaragua, impulsado por las concesiones otorgadas a empresas chinas, ha encendido las alarmas en organismos internacionales y líderes ambientalistas.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río asegura que la explotación minera ha servido como pretexto para una depredación masiva de áreas protegidas y territorios indígenas.
Las denuncias apuntan directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que se le acusa de avalar y facilitar estas prácticas mediante concesiones opacas y sin consulta previa a las comunidades afectadas.
Ruiz y otras organizaciones ambientales han llevado el caso ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde el pasado 16 de enero expusieron las graves violaciones ambientales y de derechos humanos derivadas de estas actividades.
Concesiones mineras como puerta a la deforestación
Zonas clave como la Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva de Biosfera Bosawás han sido particularmente afectadas. Solo en 2023, se estima que se destruyeron más de 60,000 hectáreas de bosque primario, equivalentes al 4.2% de lo que queda de estos ecosistemas en el país.
Una fuente reveló a Centroamérica360 que los caudalosos ríos del caribe nicaragüense son utilizados como medio de transporte para extraer la madera que luego es subida en la costa caribeña en barcazas que luego trasladan a buques comerciales de China.
Comunidades indígenas afectadas
La Fundación del Río ha documentado cómo estas actividades afectan a las comunidades indígenas Rama, Kriol, Miskitu y Mayangna, que ven sus territorios invadidos y sus derechos ignorados.
Según Ruiz, desde 2007 el gobierno ha otorgado 141 concesiones mineras, muchas de ellas en territorios indígenas, sin realizar procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), violando normativas internacionales.
Además de la deforestación, las comunidades indígenas enfrentan desplazamientos forzados, violencia y represión.
Desde 2018, al menos 46 líderes y guardabosques indígenas han sido asesinados, mientras que otros 12 permanecen encarcelados por intentar defender sus territorios. Las organizaciones locales que luchan contra esta depredación han sido clausuradas arbitrariamente, y sus miembros perseguidos bajo acusaciones infundadas.
Denuncias internacionales y comercio con China
Amaru Ruiz, junto con las organizaciones Expediente Abierto y la Campaña Patrullaje, presentó un informe ante la USTR titulado Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua y su Impacto en el Comercio Internacional.
Este documento detalla cómo las industrias minera y cárnica de Nicaragua, principales motores de exportación, están vinculadas a prácticas ilegales y depredadoras.
El fortalecimiento de relaciones comerciales con China desde 2021 ha llevado al otorgamiento masivo de concesiones a empresas de ese país, muchas de ellas sin transparencia ni controles ambientales.
Las denuncias subrayan que estas empresas operan bajo un marco de discrecionalidad gubernamental que les permite eludir requisitos de divulgación pública, auditorías ambientales y supervisión ciudadana.
Repercusiones en el comercio internacional
La audiencia en la USTR también destacó los riesgos reputacionales y económicos que enfrentan las empresas internacionales vinculadas a Nicaragua.
Según The Oakland Institute, al menos 48 corporaciones estadounidenses tienen lazos directos o indirectos con empresas mineras que operan en el país bajo condiciones cuestionables. Este vínculo pone en entredicho la trazabilidad de los recursos extraídos y abre la puerta a sanciones internacionales.
El régimen de Ortega, por otro lado, ha utilizado estas relaciones comerciales para fortalecer su control político y económico, a costa de los derechos humanos y ambientales.
Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua, representando el 38.4% de sus exportaciones entre enero y septiembre de 2024, las tensiones políticas y las violaciones sistemáticas amenazan con replantear esta relación.
Ruiz ha enfatizado que la comunidad internacional debe ejercer presión para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales de Nicaragua y proteger los derechos de las comunidades afectadas.
“No podemos permitir que la destrucción de nuestros bosques y la violación de los derechos indígenas se normalicen como parte de un modelo económico depredador”, afirmó en su declaración.
Organizaciones ambientales y derechos humanos han solicitado la implementación de mecanismos de trazabilidad para los minerales y otros productos provenientes de Nicaragua, así como sanciones más severas contra las empresas y funcionarios cómplices de estas actividades.
En tanto, los pueblos indígenas y activistas locales continúan resistiendo, muchas veces a costa de su libertad y vidas, en defensa de los últimos vestigios de biodiversidad del país.