Un juez de Letras Designado de Honduras ordenó arresto domiciliario contra el empresario estadounidense Murray Paul Farmer, acusado de fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
Además, el juez impuso la prohibición de salida del país durante la audiencia de declaración de imputado. Esta medida forma parte del proceso penal en curso.
El caso judicial involucra un supuesto fraude relacionado con un laudo arbitral ilegal. Según las autoridades, dicho laudo habría obligado al Estado a pagar más de 3 mil millones de lempiras.
Acusación por laudo arbitral ilegal
El Ministerio Público sostiene que el caso se centra en un laudo arbitral que no cumplió requisitos legales. A pesar de ello, el fallo habría generado obligaciones de pago millonarias.
Las investigaciones apuntan a una presunta estructura que buscó beneficiar a empresas privadas mediante decisiones irregulares.
En ese contexto, las autoridades consideran que el Estado de Honduras enfrentó un perjuicio económico significativo.
#HCHNoticias | Después que la Corte Suprema de Justicia dictara arresto domiciliario al empresario estadounidense Murray Paul Farmer, quien es acusado por fraude en perjuicio del Estado Hondureño, se pronunció: “No soy ningún ladrón, no he cometido ningún delito, más bien yo soy… pic.twitter.com/jVIMyTf8vb
— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) March 18, 2026
Declaraciones del empresario tras la audiencia
Tras conocer la medida judicial, Murray Paul Farmer rechazó las acusaciones en su contra.
El empresario afirmó que no ha cometido ningún delito. También aseguró que es víctima del proceso.
“No soy ningún ladrón, no he cometido ningún delito; más bien yo soy la víctima”, declaró.
Además, indicó que continuará defendiendo su nombre y buscará justicia en las instancias correspondientes.
Antecedentes del caso y origen del conflicto
El caso se remonta a finales de los años 90, tras proyectos de infraestructura financiados con cooperación internacional.
La empresa DRC Inc., representada por Farmer, participó en iniciativas de agua y saneamiento en varias ciudades hondureñas.
Sin embargo, años después surgieron disputas contractuales. Estas derivaron en procesos legales y en un arbitraje cuestionado por las autoridades.
Posteriormente, un tribunal ordenó pagos millonarios a favor de la empresa, lo que generó nuevas acciones judiciales.
Próximas etapas del proceso judicial
El tribunal programó la audiencia inicial para el 24 de marzo. En esa fase, el juez evaluará si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.
Mientras tanto, Murray Paul Farmer deberá cumplir con las medidas impuestas.
El Ministerio Público mantiene la acusación por fraude. Por su parte, la defensa insiste en la inocencia del empresario.
El caso continúa bajo atención pública debido al impacto económico y a sus implicaciones legales para el Estado de Honduras.