Elección de fiscal general en Guatemala entra en disputa legal por sistema de calificación de los aspirantes

La elección de fiscal general en Guatemala enfrenta varios recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad. Abogados buscan modificar la tabla de gradación y frenar el nombramiento del sustituto de la actual jefa del Ministerio Público.

Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

El proceso para elegir al nuevo fiscal general entró en una fase judicial. Abogados presentaron acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para cuestionar decisiones de la Comisión de Postulación.

Uno de los recursos lo interpuso el abogado Erick Castillo. La acción se dirige contra el presidente Bernardo Arévalo. El amparo busca que el mandatario no nombre al nuevo fiscal general hasta que se revisen las reglas de evaluación.

Castillo sostiene que la Comisión de Postulación debe ponderar a los aspirantes en igualdad de condiciones. Según explicó, la actual tabla de gradación favorece a candidatos con más años de experiencia profesional.

Por ello, pidió que la CC ordene suspender el nombramiento hasta que la comisión ajuste el sistema de calificación. El objetivo es garantizar igualdad en la elección del fiscal general.

Cuestionamientos a la tabla de gradación

La Comisión de Postulación aprobó una tabla de gradación para asignar puntajes a los méritos académicos y profesionales. El instrumento distribuye 100 puntos en total.

Otorga 28 puntos a méritos académicos. Estos incluyen grados universitarios, docencia, publicaciones y distinciones. Además, concede hasta 70 puntos por méritos profesionales.

Dentro de esos 70 puntos, hasta 50 corresponden a años de ejercicio. La comisión acordó que solo avanzarán quienes obtengan al menos 75 puntos.

Sin embargo, abogados y organizaciones señalaron que la distribución de puntos excluye a perfiles jóvenes. El cómputo de experiencia inicia después de 10 años de ejercicio profesional.

El abogado Edgar Ortiz presentó otro amparo. Argumentó que el sistema deja fuera a aspirantes con menos de 24 años de colegiación, aunque obtengan puntaje máximo en otros rubros.

Ortiz solicitó que se suspenda la asignación de puntos por años de ejercicio y la nota de corte de 75 puntos. Afirmó que su recurso no pretende detener el proceso, sino corregir la evaluación.

Amparo para excluir a ciertos aspirantes

Un tercer recurso lo presentó el abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón. Su acción busca que la comisión excluya a jueces, notarios o funcionarios administrativos que no acrediten al menos 10 años de ejercicio como abogados.

En el proceso figura el actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Él obtuvo licencia judicial para integrarse al Ejecutivo.

Sánchez Girón sostiene que no basta con tener 10 años de colegiación. La norma exige haber ejercido la profesión por más de una década.

Por tanto, pidió que la comisión revise los expedientes y excluya a quienes no cumplan ese requisito específico.

Proceso de postulación y aspirantes

La Comisión de Postulación recibió 59 expedientes. Tras una primera revisión, 11 aspirantes quedaron temporalmente fuera y 48 continúan en la contienda.

Entre los nombres con mayor trayectoria figura María Consuelo Porras, actual fiscal general, sancionada internacionalmente por actos vinculados a corrupción.

La comisión debe integrar una nómina de 6 candidatos. Luego, el presidente elegirá al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Sin embargo, los amparos ante la CC podrían incidir en el cronograma. Analistas ya anticipaban que la elección de segundo grado enfrentaría recursos legales.

La Corte acumula otras impugnaciones relacionadas con designaciones en el sistema de justicia. Ahora deberá resolver si modifica la tabla de gradación o mantiene el esquema vigente.

 

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