La Fiscalía de El Salvador inició una inédita macroaudiencia contra casi 500 presuntos cabecillas de la pandilla MS13, acusados de alrededor de 47,000 delitos cometidos durante una década. El proceso, considerado histórico por las autoridades, busca juzgar de forma simultánea a estructuras completas del crimen organizado bajo un nuevo esquema legal.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), esta modalidad de audiencia única abierta permite procesar de forma masiva a integrantes de una misma organización criminal, sin necesidad de dividir los casos. El modelo también deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos acusados en el mismo expediente.
Las autoridades sostienen que, por primera vez, se está llevando ante la justicia a las estructuras de mando de la Mara Salvatrucha, señaladas de ordenar homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones entre 2012 y 2022.
Este tipo de procesos fue habilitado tras reformas legales aprobadas en 2023, en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. La medida suspende garantías constitucionales y ha sido el eje central de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
La Fiscalía también indicó que los acusados enfrentan cargos por rebelión, al considerar que intentaban mantener control territorial para establecer un “estado paralelo”. Según la institución, estas acciones atentaban contra la soberanía nacional.
Del total de imputados, al menos 413 ya se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión de máxima seguridad que se ha convertido en símbolo de la política de mano dura del Gobierno. Otros 73 están siendo procesados en ausencia.
Aunque el Ejecutivo defiende estos juicios masivos como una herramienta clave contra el crimen organizado, organismos internacionales han cuestionado el modelo por posibles vulneraciones al debido proceso y derechos humanos, en un debate que mantiene la atención regional sobre la estrategia de seguridad salvadoreña.