Grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en Costa Rica se están instalando en condominios de perfil medio y alto, como parte de estrategias para resguardarse y operar con mayor discreción, reveló el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, Michael Soto.
Soto explicó que existen delincuentes provenientes de zonas vulnerables que, ante amenazas, optan por trasladarse a residenciales exclusivas en busca de seguridad. Sin embargo, estos movimientos no pasan desapercibidos para los vecinos.
“Son constantes los reportes de personas que nos dicen que en sus condominios han llegado individuos que no coinciden con la dinámica habitual del lugar”, señaló Soto en una entrevista con el programa Nuestra Voz.
El funcionario detalló que también operan estructuras más sofisticadas que logran integrarse al comercio formal mediante negocios legales que funcionan como fachada para encubrir actividades ilícitas.
“Hay personas que tienen cinco o diez años de vivir en un condominio y nadie sospecha de ellas, hasta que se realiza un allanamiento”, indicó.
Soto subrayó que estos grupos utilizan la legitimación de capitales como eje de sus operaciones, invirtiendo dinero ilícito en bienes inmuebles, empresas, actividades ganaderas y mediante el uso de testaferros.
“Es un fenómeno que estamos viendo, se van insertando en comercio lícito para legitimar capitales o los otros se van colocando en algunos lugares porque el condominio les da algún tipo de facilidad incluso de seguridad”, afirmó.
El director del OIJ reconoció que este tipo de delitos representa uno de los mayores retos para las autoridades, ya que las investigaciones requieren largos análisis de documentación financiera y movimientos económicos. Ante este escenario, el OIJ ha modificado su estrategia y ahora investiga de forma paralela el narcotráfico y la legitimación de capitales en cada caso.
“Ahora tiene que ir en paralelo, porque es parte esencial del fenómeno”, afirmó.
Soto subrayó que la infiltración del crimen organizado en sectores residenciales y comerciales es una tendencia creciente en Costa Rica.
Deficiencias en vigilancia aérea
Por otro lado, el director del OIJ señaló que el país tiene múltiples deficiencias para una efectiva vigilancia aérea en la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que esas deficiencias permiten que grupos criminales usen pequeñas pistas aéreas para transportar drogas.
Soto explicó que si bien Costa Rica es un pequeño tiene mucho territorio, en temas de vigilancia aérea no tienen “en el país todas las aeronaves que deberíamos tener para un patrullaje constante” que les permita interceptar estos vuelos ilegales con drogas.
Señaló también que otro problema es con los radares, pues los tripulantes de estos vuelos con drogas mantienen la aeronave en alturas bajas para no ser detectados por los radares tradicionales nacionales e internacionales. Dijo que usualmente los delincuentes monitorean pistas pequeñas para aterrizar en propiedades no habitadas para descender con droga sin tampoco ser detectados por los residentes.
Soto fue consultado sobre el Caso Furtivo, donde la OIJ desarticuló una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas. Los criminales usaban pistas clandestinas de la zona Sur y Guanacaste para aterrizar con cargamentos de drogas que tenían como destino Norteamérica. Al respecto, Soto dijo que los propietarios de las pistas no tenían vínculos con la red.
En otros casos, Soto señaló que son los peones, guardias o empleados de las fincas quienes les facilitan a los criminales el acceso a las pistas de aterrizaje “sin que los propietarios tengan conocimiento”, aunque indicó que en otros casos, los empleados son amenazados para permitir el uso de la pista para fines ilícitos.