El hallazgo de un acta firmada sin verificación de identidad de los reclusos en Fraijanes II ha acentuado una de las crisis más graves del sistema penitenciario guatemalteco en los últimos años, la fuga de 20 prisioneros.
El documento firmado por el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y autoridades penitenciarias, dejó constancia de que había 256 reclusos, pero sin verificar sus identidades. Hoy, este se ha convertido en símbolo de una cadena de fallas y posibles complicidades dentro del sistema carcelario guatemalteco.
El miércoles 8 de octubre, 549 agentes de la PNC, 49 guardias penitenciarios y fiscales del Ministerio Público realizaron una requisa en Fraijanes II por orden judicial. El registro final fue claro: “256 privados de libertad contabilizados”. Sin embargo, el informe nunca incluyó la comprobación individual de identidad, un detalle que ahora revela un grave vacío de control.
El domingo 12 de octubre, Guatemala despertó con la noticia de la fuga de 20 miembros del Barrio 18. Los registros “perfectos” de días antes quedaron en entredicho: ¿cómo es posible que nadie notara la ausencia de los cabecillas si el conteo se hizo con autoridades presentes? Las pesquisas apuntan a una manipulación intencional o negligencia institucional.
Fuentes de investigación señalan que entre los fugados se encontraban integrantes de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura de liderazgo dentro de la pandilla. Se sospecha de colaboración de guardias, políticos y funcionarios penitenciarios. La Fiscalía Anticorrupción analiza el papel de quienes firmaron el acta del 8 de octubre.
Renuncias y crisis en el gabinete de seguridad
El presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de dos viceministros, en medio de la crisis penitenciaria. La decisión buscó enviar un mensaje político de transparencia y asumir la responsabilidad institucional por una falla que pudo haberse evitado si el conteo hubiera sido real y no superficial.
El mandatario anunció la construcción de una prisión con capacidad para 2 000 reos en 12 meses, la implementación de un censo biométrico nacional para identificar a cada interno y una Fuerza de Tarea anticorrupción que revisará los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario. “Un hecho así no puede repetirse”, subrayó Arévalo.
El presidente confirmó que el FBI y otras agencias estadounidenses colaborarán con asistencia técnica y capacitación para fortalecer el control carcelario y combatir la corrupción. Guatemala buscará así cerrar brechas que permiten fugas masivas, redes de privilegios y la infiltración del crimen organizado en sus prisiones.