La solicitud de extradición de un oficial activo de la Fuerza Pública de Costa Rica, acusado de colaborar con redes del narcotráfico, sacudió a Costa Rica y volvió a encender las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) detuvieron el 14 de abril al agente Michael Corella Amador, alias “Rojo”, por requerimiento de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que lo vincula con una estructura criminal dedicada al trasiego internacional de cocaína.
Corella, destacado en San Vito de Coto Brus, en la frontera con Panamá, figura como uno de los cuatro nuevos extraditables asociados a la banda conocida como “Los Mosca”.
Ellos están señalados de movilizar droga desde Colombia hacia Estados Unidos, utilizando territorio costarricense como puente logístico.
Un policía en la sombra del narco
Las investigaciones apuntan a que el oficial no solo mantenía nexos con la organización, sino que incluso habría custodiado cargamentos de cocaína en el Pacífico Sur y facilitado su traslado desde la frontera panameña.
Fuentes judiciales indicaron que su relación con estas redes se remonta a casi una década, periodo en el que también habría actuado como informante y participado en actividades ilícitas como el contrabando.
El caso genera especial preocupación debido al perfil del detenido: Corella ingresó al Ministerio de Seguridad Pública en 2007 y recibió formación especializada en control fronterizo, incluso con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.
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Antecedente que agrava la alarma
La captura ocurre en un contexto marcado por el reciente escándalo del exmagistrado y exfiscal costarricense Celso Gamboa, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, lo que evidenció la infiltración de estas redes en altas esferas del poder judicial.
Para analistas en seguridad, la detención de un agente en funciones revela un nivel aún más delicado de penetración criminal, al comprometer directamente a quienes deben combatir el delito.
Los 4 reos están a disposición del Tribunal Penal de San José, que resolverá el caso mientras avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
El caso, lejos de ser aislado, profundiza las dudas sobre la capacidad del Estado costarricense para contener el avance del narcotráfico dentro de sus propias filas.
