El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) afirmó que “durante la era Biden, el 8 % de toda la población de Nicaragua entró ilegalmente en EE. UU.”, al divulgar nuevas cifras sobre migración irregular entre febrero de 2021 y enero de 2025.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), 442.733 nicaragüenses fueron encontrados en las fronteras en ese período, mientras que otros 93.000 ingresaron de forma legal mediante el parole humanitario. En total, unas 536.632 personas, cifra cercana al 8 % de los 6,8 millones de habitantes del país centroamericano.
El mensaje, difundido en la red social X, forma parte del endurecimiento del discurso migratorio de la Administración del presidente Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 con la promesa de revertir las políticas de su antecesor, Joe Biden.
Fin del parole y golpe al TPS
El mismo día de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva para cancelar el programa de parole humanitario, que había permitido a cerca de 96.000 nicaragüenses residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos con patrocinador y controles de seguridad aprobados.
Además, en julio de 2025 el DHS anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua y Honduras.
Hasta entonces, unos 4.000 nicaragüenses estaban amparados por el TPS, con protección frente a la deportación y permiso laboral.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió las nuevas medidas y aseguró que Estados Unidos vive ahora “la frontera más segura en la historia de esta nación”, tras una visita a Eagle Pass, Texas.
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Refugiados bajo mayor escrutinio
En paralelo, un memorando interno del ICE amplió las facultades para detener a refugiados legales que no hayan ajustado su estatus a residencia permanente un año después de su admisión, incluso si se encuentran en proceso de obtener la ‘green card’.
Organizaciones como HIAS y el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) denunciaron que la nueva política podría derivar en detenciones y deportaciones de personas que ingresaron legalmente y que huyeron por persecución política.
El debate migratorio se intensifica así en un contexto de fuerte polarización política en Estados Unidos, mientras miles de nicaragüenses con solicitudes de asilo, parole o TPS enfrentan ahora mayor incertidumbre jurídica y riesgo de expulsión.