EE. UU. busca retirar la ciudadanía a un hondureño y dos salvadoreños por presunto fraude migratorio y ocultamiento de delitos.

La administración Trump presentó acciones civiles para retirar la ciudadanía estadounidense a un hondureño y dos salvadoreños, al acusarlos de ocultar delitos de abuso sexual contra menores durante sus procesos de naturalización.

El Departamento de Justicia acusa a los centroamericanos de haber obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a un hondureño y dos salvadoreños entre las 25 personas contra quienes presentó demandas de desnaturalización, en lo que calificó como la mayor ofensiva de este tipo en la historia del país. Las autoridades sostienen que los acusados obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante fraude, ocultamiento de información o declaraciones falsas.

Las acciones judiciales fueron presentadas entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026 en distintos tribunales federales. Desde el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia ha promovido 123 demandas civiles de desnaturalización, la cifra más alta registrada.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que la ciudadanía estadounidense “es uno de los mayores privilegios de nuestra nación y debe obtenerse de manera legal y honesta”.

“Las demandas anunciadas hoy alegan que estas personas obtuvieron la naturalización mediante fraude, ocultamiento u otra conducta ilegal, incluido el ocultamiento de delitos violentos, delitos sexuales contra menores, identidades fraudulentas y otros hechos que impedían obtener la ciudadanía”, declaró Blanche.

Entre los casos figura el hondureño José Francisco Cruz, de 72 años, contra quien el Departamento de Justicia presentó una demanda el 31 de julio ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. Según el expediente, entre diciembre de 1995 y junio de 1998 abusó sexualmente de su hijastra menor de edad mientras ejercía autoridad familiar sobre ella.

Las autoridades señalaron que Cruz obtuvo la ciudadanía estadounidense el 20 de febrero de 1996 y posteriormente, el 22 de febrero de 1999, se declaró culpable de tres cargos por actividad sexual con una menor en un tribunal del condado de Palm Beach, Florida. Fue condenado a 16 años de prisión y obligado a inscribirse como delincuente sexual. El Gobierno sostiene que ocultó esos hechos durante el proceso de naturalización y que no cumplía con el requisito de buena conducta moral exigido por la legislación migratoria.

El segundo caso corresponde al salvadoreño Miguel Eduardo Romero, de 67 años, contra quien el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito de Maryland presentaron una demanda el 31 de julio. Las autoridades lo acusan de haber abusado sexualmente durante varios años de su nieta mientras estaba bajo su cuidado y de ocultar esos hechos durante su proceso para obtener la ciudadanía estadounidense.

También figura el salvadoreño Carlos Ernesto Girón, de 65 años. La demanda fue presentada el 29 de julio en un tribunal federal de Maryland. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Girón se declaró culpable en 2019 por el abuso sexual de dos menores por hechos ocurridos entre 2005 y 2010 y habría mentido sobre esa conducta al solicitar la naturalización.

El fiscal adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, aseguró que los 25 casos representan “el mayor incremento de procesos de desnaturalización registrado” y reiteró que las autoridades continuarán utilizando las herramientas legales disponibles para retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta.

Las acciones fueron promovidas al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite revocar la ciudadanía estadounidense cuando esta fue obtenida de manera ilegal o mediante el ocultamiento deliberado de información relevante.

 

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