El diputado panameño Luis Eduardo Camacho presentó un proyecto de ley para declarar que las sentencias absolutorias emitidas por los tribunales sean “inapelables” para el Ministerio Público, lo que, ha levantado objeciones pues aseguran que limita a la justicia y que “es peligroso”.
El anteproyecto presentado ante la Asamblea Nacional pretende reformar el Código Procesal Penal para las sentencias absolutorias emitidas en primera instancia sean inapelables para el Ministerio Público. De aprobarse la propuesta, los legisladores agregarían un artículo 169-A para que no se puedan apelar las sentencias por inexistencia del hecho, ausencia de autor o falta de mecanismos definitivos.
Con esto, el Ministerio Público panameño y abogados tendrían limitaciones para apelar a absoluciones. Según Camacho, con esta propuesta busca garantizar que ninguna persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho aunque ya haya sido absuelto una vez durante un juicio oral.
Aunque el proyecto contempla excepciones para cuando el fallo se sustente en la nulidad de una sentencia previa, cuando haya prueba nueva o cuando exista una confesión posterior del imputado en el hecho que se imputa en el juicio penal.
Podría buscar beneficiar a Martinelli y advierten que es peligroso
El exmagistrado Edgardo Molino Mola dijo a La Prensa de Panamá que en esta propuesta hay que recordar al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue absuelto en primera instancia por el caso New Business, pero que luego fue condenado tras la apelación del Ministerio Público.
Molino Mola indicó que la propuesta de ley podría buscar ser retroactiva, es decir, afectar casos juzgados antes de su aprobación, por lo que, advierte que podría beneficiar al expresidente Martinelli aunque recordó que la Constitución expresamente señala que las leyes se aplican hacia futuro.
Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, asegura que “es peligroso” lo que contempla la propuesta porque “viola el principio de doble conformidad, viola el principio de doble instancia”, tomando en cuenta que es el Ministerio Público quien “preside las investigaciones, es el titular de la acción penal”.
Olmos dijo también que de aprobarse se estaría vulnerando el debido proceso y recordó que la apelación es un recurso contemplado también en convenciones internacionales. El proyecto será estudiado en la Comisión de Gobierno que preside el propio Camacho.