El régimen de Nicaragua concedió este lunes la nacionalidad a Bader Fayez Rashid Helal, hijo de la reconocida exguerrillera palestina Leila Khaled, considerada terrorista por muchos países europeos.
Khaled es miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), quien entre 1969 y 1970 dirigió el secuestro de dos aviones civiles.
El dictador Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior, brazo represor del régimen, decidió “conceder la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado” a Rashid Helal, argumentando que ha cumplido “con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua” para adquirirla.
Entre otros requisitos, mencionaron que el hijo de la activista palestina y del médico Fayez Rashid Helal ha residido de manera permanente en Nicaragua durante cuatro años y que manifestó explícitamente su deseo de adquirir la nacionalidad nicaragüense.
Además, el Ministerio del Interior explicó en una certificación publicada en el Diario Oficial La Gaceta que “el otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano del Estado de Nicaragua”.
Rashid Helal, originario de la República Árabe Siria y de nacionalidad jordana, nació el 5 de diciembre de 1982 en Damasco.
Su madre, Leila Khaled, fue una de las invitadas especiales en la celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio.
Khaled, como refugiada, pertenece al Politburó del FPLP, es miembro del Consejo Nacional Palestino y es responsable del departamento de refugiados y del derecho al retorno.
La dictadura de Ortega también otorgó la nacionalidad nicaragüense al ciudadano de origen libio Ahmed Omar Alhadi Hemmali, nacido el 1 de agosto de 1965, en Trípoli.
Desde 2018, el régimen de Ortega ha intensificado la represión, desnacionalizando y desterrando a miles de nicaragüenses opositores.
Además, la dictadura ha concedido nacionalidad y refugio a delincuentes perseguidos en sus países por corrupción, terrorismo y otros delitos, incluyendo asesinatos políticos como el cometido en Italia por Alessio Casimirri en 1978.
La concesión de nacionalidades a figuras vinculadas a movimientos radicales contrasta con la política de expulsión y retirada de ciudadanía a ciudadanos nicaragüenses que se oponen al gobierno.
Solo en febrero de 2023, la dictadura sandinista desterró y desnacionalizó a 222 presos políticos y 94 personas opositoras, a quienes les confiscó sus bienes y borró sus registros legales y notariales.
Desde entonces, la dictadura aprobó una ley que desnacionaliza y destierra a los nicaragüenses que, a criterio de los dictadores, son “traidores a la patria”.
Esta ley, considerada una aberración jurídica y un crimen de lesa humanidad por la ONU, ha sido invocada para desterrar a sacerdotes, periodistas, empresarios, activistas y todo nicaragüense crítico al régimen criminal de los Ortega-Murillo.