La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó a la Asamblea sandinista un proyecto de ley que prohíbe el uso de drones en áreas estratégicas del país, incluyendo la casa familiar y sede del partido sandinista, la sede del Ejército y la policía del régimen.
La medida ha generado críticas de sectores que la califican como un reflejo de la creciente paranoia del régimen ante posibles filtraciones de información sobre sus operaciones.
La iniciativa, denominada Ley para la Regulación y Empleo de Medios Aéreos, Navales y Terrestres No Tripulados, impone estrictas restricciones al uso de drones y establece un plazo de 30 días para que los ciudadanos entreguen estos dispositivos al Ministerio del Interior.
El incumplimiento podría acarrear sanciones administrativas y judiciales, aunque la ley no detalla cuáles serían las penalidades específicas.
Prohibiciones y controles
El texto legal también restringe el sobrevuelo de drones en zonas consideradas de interés estratégico, como infraestructuras críticas, unidades militares y áreas de aeronáutica restringida. Asimismo, propone la creación de una Oficina de Registro y Control de Medios No Tripulados, que estará bajo el control directo del Ministerio del Interior.
La dictadura justifica la legislación argumentando que estos dispositivos representan una amenaza para “la soberanía, la paz y la integridad territorial” de Nicaragua.
Solo la dictadura podrá autorizar el uso de drones “con fines científicos o de desarrollo”, mientras que el Ejército y la Policía podrán emplearlos exclusivamente para tareas de seguridad, vigilancia y represión.
Reacciones y críticas
El ambientalista exiliado Amaru Ruiz calificó la ley como un paso hacia el monopolio total del uso de drones y el espacio en el país. “El régimen no quiere que haya ninguna posibilidad de documentar sus bases, operativos o propiedades. Esto refuerza su estrategia de ocultamiento”, dijo a 100 % Noticias.
Por su parte, un usuario de drones dedicado a la publicación de vídeos publicitarios en Managua expresó su indignación: “Los usamos para proyectos recreativos y profesionales. Ahora nos obligan a entregarlos sin opción. Es una inversión costosa, y parece que solo ellos tendrán acceso”, comentó bajo condición de anonimato.
Dice que ellos en 2023 y 2024 importaron dos equipos de estos con costos superiores a los $7,800 que ahora tendrán que entregar, pero el empresario duda que las empresas de filmación de los hijos de la pareja dictatorial tengan prohibido usar los drones para sus eventos y negocios.
Desde 2014, Nicaragua ya regulaba el uso de drones limitando su vuelo a 30 metros de altitud, pero esta nueva legislación establece una prohibición total para los particulares y refuerza los controles sobre estos dispositivos.
Aislamiento y control
Analistas señalan que esta ley se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas represivas del régimen Ortega-Murillo y su creciente aislamiento internacional. “La paranoia por posibles fugas de información evidencia el temor del gobierno a perder control sobre su imagen y operaciones internas”, agregó Ruiz.
La propuesta, que será aprobada sin contratiempos dada la mayoría oficialista en el Parlamento, refuerza el control estatal sobre herramientas tecnológicas, sumándose a otras medidas que restringen las libertades civiles en el país.
