En un operativo conjunto, las autoridades guatemaltecas y estadounidenses lograron desmantelar una red de tráfico de personas que operaba en varios departamentos del país.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció la acción a través de su cuenta en la red social X y dijo que este se desarrolló en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security) y el Ministerio Público.
La operación se llevó a cabo en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Quiché y San Marcos. Hasta el momento, se han reportado tres capturas preliminares en Villa Nueva y San Marcos.
Entre los aprehendidos se encuentra Genoveva Odilia Cinto Pérez, señalada como cabecilla de la estructura criminal conocida como “Genoveva”.
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✅ ActualizaciónMP dirige aprehensión de líder y otros integrantes de estructura criminal dedicada al traslado ilegal de personas hacia EE.UU.
En seguimiento a diligencias coordinada por la Fiscalía contra el… https://t.co/koyenk2zha pic.twitter.com/wJHAgNwr54
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 22, 2025
Esta organización se dedicaba al traslado ilegal de personas hacia Estados Unidos.
A la sindicada se le imputan los delitos de asociación ilícita, tráfico ilegal de personas y lavado de dinero u otros activos, con un monto superior al millón de quetzales que no justifica con sus perfiles económicos.
Investigación y hallazgos
Según las pesquisas de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Cinto Pérez es propietaria de un hotel y restaurante utilizados como refugio temporal para migrantes.
En los allanamientos también fueron capturados Neftalí Rubén Juárez Ambrosio, Horacio Adolfo Cinto Pérez y César Augusto Muñoz Grajeda, todos acusados de los mismos delitos. Las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, cuya cantidad exacta está en proceso de verificación.
El ministro Jiménez subrayó que esta acción se suma a los esfuerzos realizados el año pasado, cuando la PNC capturó a varias personas vinculadas al tráfico de personas, de las cuales cinco enfrentaron procesos de extradición. Estas acciones reflejan la determinación de las fuerzas de seguridad por combatir un flagelo que afecta a miles de familias guatemaltecas.
