La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, defendió públicamente la actuación del Ministerio Público (MP) tras los señalamientos del presidente Bernardo Arévalo y otros sectores, que la acusan de favorecer a pandilleros vinculados al asesinato de agentes policiales.
Las críticas surgieron luego de que el MP solicitara que presuntos integrantes de pandillas fueran procesados solo por portación ilegal de armas y posesión de drogas, sin incluir delitos graves relacionados con terrorismo y homicidio.
Ante estos cuestionamientos, Porras afirmó que su administración mantiene una política de persecución penal firme y sin concesiones. Además, aseguró que los resultados respaldan su gestión.
Porras destaca cifras contra pandillas
En su mensaje, la fiscal general presentó estadísticas de su gestión contra las principales estructuras criminales del país. Según Porras, el MP ha logrado miles de procesos, sentencias y condenas contra Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
De acuerdo con los datos oficiales, contra Barrio 18 se registran 5,394 personas ligadas a proceso, 6,437 sentencias y 10,518 condenas. En el caso de la Mara Salvatrucha, el MP reporta 6,594 personas procesadas, 3,414 sentencias y 5,987 condenas.
Durante mi administración, el @MPguatemala ha fortalecido de manera contundente la lucha contra las estructuras criminales terroristas con resultados notorios, combatiendo de frente a estructuras criminales que han causado terror y violencia en el país.
✔️Contra Barrio 18: 5,394…— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) January 20, 2026
Porras sostuvo que estas acciones permitieron salvar 205 vidas y debilitar financieramente a las pandillas, mediante la incautación de más de $500,000.
Señalamientos por exclusión de delitos graves
Las declaraciones de la fiscal general se produjeron tras una fuerte crítica del presidente Arévalo. En esa crítica, él cuestionó la decisión del MP de no acusar por delitos graves a los presuntos responsables de los ataques contra policías.
El mandatario afirmó que el MP ignoró los delitos vinculados a actos terroristas. Por ende, esto impidió aplicar la nueva ley antipandillas, diseñada para castigar con mayor severidad estos crímenes.
Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 20, 2026
Arévalo calificó la actuación como una falta de rigor y un agravio a las víctimas, al considerar que se dejó fuera la responsabilidad penal por asesinatos cometidos durante la reciente ola de violencia.
Tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público
Porras respondió que la persecución penal es una función constitucional exclusiva del Ministerio Público. Asimismo, cuestionó las opiniones de autoridades que, según ella, carecen de conocimiento técnico y responsabilidad institucional.
La fiscal general exhortó a otras instituciones del Estado a cumplir con sus funciones, y señaló que la prevención del delito requiere políticas integrales. Además, esta prevención debe ir más allá del ámbito penal.
También subrayó que el país cuenta con el presupuesto más alto de su historia. Por eso, exigió una ejecución responsable orientada a la seguridad ciudadana.
Investigaciones pendientes en el sistema penitenciario
En su pronunciamiento, Porras indicó que el MP mantiene investigaciones en curso por corrupción en el Sistema Penitenciario. Entre esas investigaciones se incluyen fugas de privados de libertad y procesos contra exfuncionarios.
Según afirmó, algunas personas ya enfrentan procesos penales y otras cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, como parte de las acciones contra redes criminales internas.
Las declaraciones ocurren en medio de una crisis de seguridad marcada por ataques armados y asesinatos de policías. Por ello, ha incrementado la presión social por respuestas contundentes del sistema de justicia.