La Policía Nacional Civil (PNC) anunció la destitución de 47 agentes por incumplimiento de deberes en casos recientes que causaron indignación pública.
Entre los más graves destacan la balacera en La Mesilla, Huehuetenango, donde murieron 4 presuntos narcotraficantes; la agresión contra una mujer en Mazatenango, Suchitepéquez; y el ataque armado en una funeraria en la zona 1 de la capital, que dejó 8 muertos y 12 heridos.
En todos estos episodios, la actuación policial fue cuestionada por negligencia o complicidad.
Paralelamente, la violencia armada no cesa en la capital. En la zona 16, dos jóvenes de 18 y 24 años fueron asesinados a balazos en plena vía pública, un hecho que refleja la creciente inseguridad en distintos sectores urbanos.
Otro caso que generó alarma fue el asesinato del abogado Edwin Mayén García en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Mayén era conocido por defender a figuras ligadas al crimen organizado, lo que ha llevado a analistas a plantear que el ataque podría estar vinculado con una recomposición de las pandillas.
Según expertos, estas estructuras buscan marcar territorio, ajustar cuentas y reemplazar antiguos miembros en un proceso de reconfiguración que incrementa la violencia.
Eddy Morales, criminólogo y sociólogo, señaló que estos ataques forman parte de una estrategia de “eliminación física” de personas vinculadas a estructuras criminales, para evitar filtraciones de información. Mientras tanto, David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advirtió que los homicidios muestran un aumento focalizado en la capital, especialmente en zonas 18, 12, 7, 3 y 1, lo que evidencia disputas entre pandillas y narcotráfico.
El director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, sostuvo que la crisis responde a la falta de políticas claras de seguridad. A su juicio, las medidas del Ministerio de Gobernación han sido improvisadas, lo que deja en desventaja a la población frente al crimen organizado.
La situación también golpea al Ministerio Público (MP). La fiscal general María Consuelo Porras denunció que fiscales y funcionarios han recibido amenazas tras anunciar investigaciones sobre narcotráfico internacional.
El MP afirma que estos intentos buscan frenar procesos judiciales vinculados con estructuras criminales, mientras que el Gobierno de Bernardo Arévalo asegura que trabaja para garantizar la protección de los fiscales.
Los analistas coinciden en que la escalada de violencia en Guatemala podría agravarse si no se toman medidas contundentes. La recomposición de pandillas, la infiltración del crimen en las instituciones y la creciente ola de homicidios reflejan una crisis de seguridad que no solo amenaza a las autoridades, sino a toda la población guatemalteca.