Costa Rica vive una preocupante ola de violencia con al menos siete balaceras registradas en distintos puntos del país en menos de 48 horas, dejando seis muertos recientes y una estela de homicidios asociados al crimen organizado.
Solo durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo, se contabilizaron nueve asesinatos, lo que eleva a 15 las muertes violentas en el país en apenas cuatro días.
La mañana de este miércoles 26 de marzo, un operativo conjunto de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fiscalía y otras fuerzas de seguridad terminó en dos enfrentamientos armados con presuntos miembros del narcotráfico en La Fortuna de San Carlos, zona norte del país.
Según las autoridades, los sospechosos forman parte de una célula delictiva liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los narcos más buscados de Costa Rica.
Durante el despliegue, que incluyó nueve allanamientos simultáneos, uno de los sospechosos embistió con su vehículo a una patrulla policial, hiriendo a varios agentes. Poco después, otros miembros de la banda llegaron al lugar e intercambiaron disparos con los uniformados.
Al menos 13 personas fueron detenidas y se decomisaron armas, drogas y una AK-47.
“La manera violenta queda reflejada en este vehículo, que fue prácticamente destruido por parte de uno de los miembros de esta organización”, declaró Stephen Madden, director de la PCD.
En Limón, también este miércoles, un joven de 26 años fue asesinado a balazos en un taller mecánico en el barrio Limoncito. Dos hombres en motocicleta llegaron y abrieron fuego a plena luz del día.
Balas a todas horas
La motocicleta usada en el ataque fue hallada abandonada cerca del lugar. El martes 25, la violencia alcanzó San José y Alajuela con tres homicidios en balaceras ocurridas en la vía pública.
En Zapote, un hombre fue asesinado mientras conducía una motocicleta en plena Circunvalación. Horas después, en Desamparados, otro joven fue ejecutado frente a una plaza deportiva.
En Alajuela, se reportó el asesinato de un hombre bajo el mismo patrón: dos sicarios en motocicleta le dispararon varias veces desde corta distancia.
El día anterior, lunes 24, otra balacera en Tirrases de Curridabat cobró la vida de un hombre de 33 años y dejó a otro herido.
Ante la frecuencia de estos crímenes y el uso recurrente de motocicletas como medio de escape de sicarios, la OIJ propuso una ley para restringir el uso de dos personas en moto. No obstante, el presidente Rodrigo Chaves desestimó la iniciativa con desdén durante su conferencia semanal en Zapote.
“Babosada” dice Chaves
“Como si dos señores criminales que andan con una AK-47 le fueran a tener miedo a un tráfico. Honestamente, es una babosada que no entiendo”, afirmó Chaves, generando polémica entre sectores que piden acciones urgentes ante la creciente inseguridad.
El proyecto de ley, ya dictaminado por la Comisión de Seguridad del Congreso, busca frenar los homicidios cometidos por sicarios en motocicleta, restringiendo el uso de estos vehículos en zonas y horarios específicos.
La medida responde al aumento de la violencia en Costa Rica, vinculada a disputas entre carteles del narcotráfico, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, señaló que la iniciativa fue elaborada por el OIJ y presentada en el Congreso.
La ley, de ser aprobada, tendría vigencia inicial de un año, con posibilidad de prórroga, e incluiría excepciones para policías, oficiales de Tránsito, personas con discapacidad y menores mayores de cinco años. Ahora el texto espera ser discutido en el plenario legislativo.
Violencia inusitada
En medio de una guerra de territorios entre narcos, Costa Rica enfrenta un repunte de homicidios que preocupa a la población y desafía a las autoridades: 220 en menos de cuatro meses.
Solo en lo que va del año, decenas de asesinatos han sido atribuidos a ajustes de cuentas, tráfico de drogas y operaciones de sicariato, con un patrón cada vez más evidente: ejecuciones rápidas, a plena luz del día y en motocicleta.
Las fuerzas de seguridad aseguran que los operativos continuarán, pero reconocen que el crimen organizado ha aumentado su capacidad de fuego y movilidad, mientras que la sociedad civil exige medidas efectivas ante una criminalidad que ya no respeta ni horarios ni fronteras geográficas.
