El país que más refugio ha dado a los nicaragüenses también se ha convertido en el principal escenario de hostigamiento, vigilancia y amenazas contra quienes huyen del régimen de Ortega. Según el informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Costa Rica concentra la mayoría de los casos de persecución transfronteriza documentados entre 2019 y 2025.
El país alberga a decenas de miles de exiliados, pero también es el territorio donde se reproducen con mayor fuerza las prácticas de espionaje, infiltración y acoso del régimen nicaragüense.
Los testimonios recabados revelan la existencia de células parapoliciales y redes de hostigamiento digital que operan en suelo costarricense, muchas veces bajo órdenes indirectas de Managua.
El informe describe a Costa Rica como una “extensión geográfica de la represión política”, donde el miedo se mantiene vivo a través de amenazas, vigilancia y desinformación.
Entre los casos documentados hay denuncias de seguimientos físicos, intimidación en actividades públicas y ataques cibernéticos coordinados para difundir mensajes de odio o deslegitimar a activistas y periodistas.
El Colectivo advierte que la ausencia de mecanismos de investigación efectivos en el país receptor agrava la situación. La mayoría de denuncias son archivadas o tratadas como conflictos personales.
Este vacío institucional ha permitido que los perpetradores operen con libertad, generando un ambiente de impunidad y desprotección que afecta a cientos de exiliados.
“La represión no termina con el exilio”, señala el informe. “Costa Rica, sin proponérselo, se ha convertido en el epicentro de una guerra psicológica y simbólica contra quienes escaparon del régimen”.
El fenómeno también ha tenido un impacto profundo en la comunidad exiliada: miedo a participar en espacios públicos, autocensura y deterioro emocional colectivo.
El colectivo pide al gobierno costarricense crear unidades policiales especializadas en delitos contra refugiados y fortalecer la cooperación internacional para prevenir ataques con motivación política.
“Cuando el exilio deja de ser refugio, la democracia regional está en riesgo”, concluye el documento.