El Gobierno de Costa Rica investiga, en coordinación con la DEA, el decomiso de más de una tonelada de cocaína anunciado días atrás por la dictadura de Nicaragua, en medio de crecientes dudas sobre la versión oficial divulgada por Managua.
El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, confirmó que las autoridades abrieron una pesquisa para esclarecer cómo un cargamento de 1.312 kilos de cocaína habría cruzado el puesto fronterizo de Peñas Blancas sin ser detectado por los controles locales.
“Tenemos una serie de dudas en relación a lo sui generis de esta situación”, afirmó el funcionario, quien calificó el caso como “fuera de los parámetros normales” en este tipo de operaciones del narcotráfico en la región.
DEA ya está en acción
Zamora explicó que la investigación cuenta con el apoyo de la DEA, con el objetivo de reconstruir la ruta del cargamento y verificar la veracidad de la información proporcionada por las autoridades nicaragüenses.
El ministro incluso se trasladó personalmente a la frontera para revisar los procedimientos y recabar información directa sobre el supuesto tránsito del contenedor que transportaba la droga.
Las dudas de San José se centran no solo en el paso del cargamento sin detección, sino también en la aparente falta de investigación previa y en la tranquilidad con la que el detenido —un ciudadano guatemalteco— habría brindado declaraciones, según versiones difundidas por medios locales.
San José no le cree al régimen
Las autoridades costarricenses insistieron en que no adelantarán conclusiones hasta completar las diligencias, aunque subrayaron que el caso presenta características atípicas frente a los patrones habituales del narcotráfico en Centroamérica.
El decomiso, anunciado por Managua, ocurre en una región considerada corredor clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica, donde la cooperación entre países y agencias internacionales resulta determinante para la trazabilidad de este tipo de cargamentos.
Por ahora, la investigación conjunta busca determinar si existieron fallos en los controles fronterizos o si el caso responde a circunstancias aún no esclarecidas o intencionalidades políticas de la dictadura Ortega Murillo.