La lucha contra la minería ilegal en Costa Rica se ha intensificado con operativos en múltiples frentes: tierra, aire y, ahora, los ríos de Crucitas, región afectada por la extracción ilícita de oro.
Esta estrategia responde a las dificultades para movilizar maquinaria pesada, como las tómbolas, por terrenos fangosos, lo que ha llevado a los mineros ilegales a utilizar embarcaciones en el río Infiernillo para su transporte.
En los primeros 20 días de 2025, la Fuerza Pública ha desmantelado cinco centros de procesamiento de material minero en Crucitas, decomisando igual número de tómbolas, cada una valorada en más de $6,000.
Según las autoridades, las pérdidas totales para las organizaciones criminales superan los $40,000 al considerar también el decomiso de motores, herramientas y equipos eléctricos.
Entre los objetos incautados destacan dos motores, un generador eléctrico, 21 barras metálicas, un rotamartillo, una pala y otros implementos utilizados en la extracción ilegal de oro.
La acción policial también ha resultado en la detención de 38 personas, la mayoría de nacionalidad nicaragüense, que permanecían en el área en condición migratoria irregular.
De ellos, 20 fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban labores de minería ilegal y puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.
Los otros 18 fueron entregados a la Dirección de Migración.
Los operativos se han concentrado en sectores críticos como Cerro Fortuna, Finca Doble A, Cerro Coyote y el Pantano, donde los coligalleros (mineros artesanales) han instalado sus campamentos.
Antecedentes y contexto
La región de Crucitas, ubicada en el cantón de San Carlos, ha sido históricamente un punto de conflicto ambiental debido a la actividad minera ilegal.
En 2010, Costa Rica prohibió la minería metálica a cielo abierto, pero la riqueza aurífera de Crucitas sigue atrayendo a redes criminales y trabajadores migrantes, principalmente de Nicaragua, en busca de oro.
El uso de drones y embarcaciones en los operativos refleja la respuesta multifacética del Gobierno a esta problemática, en un esfuerzo por proteger los recursos naturales y frenar los daños ambientales causados por la minería ilegal.
Las autoridades aseguran que continuarán reforzando las acciones para combatir esta actividad ilícita que pone en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas de la zona.
