Costa Rica registró 880 homicidios en 2024, consolidándose como el segundo año más violento de su historia, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aunque la cifra representa una leve reducción del 2,7 % en comparación con 2023, cuando se contabilizaron 907 asesinatos, la violencia sigue marcando un desafío para las autoridades del país centroamericano.
San José violento
La provincia de San José fue la más golpeada por la violencia, acumulando 250 homicidios, lo que refleja un aumento preocupante en la capital. Randall Zúñiga López, director del OIJ, señaló que el desplazamiento de agentes de la Fuerza Pública hacia regiones con alta actividad delictiva vinculada al narcotráfico dejó a San José con menos recursos para combatir el crimen, agravando la situación en la provincia.
En otras regiones del país, las tasas de homicidios también se mantuvieron altas, vinculadas a la lucha territorial entre grupos criminales por el control de rutas y mercados del narcotráfico.
Antecedentes de la crisis
El aumento de la violencia homicida en Costa Rica ha sido atribuido, en gran parte, al crecimiento del narcotráfico en el país.
En 2023, el país alcanzó un récord histórico de 907 asesinatos, un fenómeno que expertos han descrito como una “regionalización del crimen”, en el que los cárteles internacionales han extendido su influencia y operaciones en territorio costarricense.
La creciente violencia también ha planteado retos para la imagen internacional de Costa Rica, tradicionalmente reconocida como una nación pacífica y segura en América Latina.
Medidas en marcha
El gobierno del presidente Rodrigo Chávez ha anunciado planes para reforzar la presencia policial en las áreas más afectadas y mejorar los sistemas de inteligencia y combate al narcotráfico.
Sin embargo, analistas advierten que las estrategias deben ir acompañadas de políticas de diálogo y consenso entre las instituciones públicas, las cuales enfrentaron pugnas y conflictos entre ellas en relación medidas a implementar para combatir el crimen.
Además universidades y organizaciones de la sociedad civil demandan más programas sociales que aborden las raíces estructurales del crimen, como la desigualdad y la exclusión social.
La reducción del 2,7 % en los homicidios respecto al año anterior es considerada un avance menor en medio de un panorama que sigue siendo alarmante.
