El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, denunció que las concesiones mineras otorgadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua a empresas chinas en zonas fronterizas podrían generar un severo impacto ambiental y una crisis migratoria hacia la Zona Norte costarricense.
“Cuando las empresas chinas ubicadas en el borde fronterizo, a las cuales se les ha otorgado 10 kilómetros de frontera, empiecen a explotar de manera monopólica el oro y los miles de ciudadanos nicaragüenses que en esa zona de ese país no tengan fuentes de empleo, es predecible una ola migratoria sobre nuestro territorio que todavía generaría más daño del que hemos conocido hasta el día de hoy”, advirtió Zamora el lunes ante el plenario legislativo.
El jerarca estimó que el flujo podría oscilar entre 10 mil a 15 mil personas y aseguró que el país no tiene capacidad operativa suficiente para contener un movimiento de esa magnitud.
“Tendríamos que llevarnos en este momento a toda la policía del Valle Central para apenas tener una presencia raquítica en esas tres mil hectáreas que deberían ser cubiertas 24-7”, respondió al ser consultado por la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Zamora además alertó sobre riesgos ambientales y de salud pública derivados del uso de mercurio y cianuro, la alteración de mojones fronterizos y la posible infiltración del crimen organizado, en un escenario que calificó como urgente y de alto impacto para la seguridad nacional.
Zamora explicó que las empresas chinas estarían aplicando técnicas de extracción que permiten recuperar hasta un 95 % del oro contenido en los sedimentos trasladados en sacos desde territorio costarricense hacia el lado nicaragüense del río San Juan.
Según indicó, estas compañías obtuvieron concesiones mineras en zonas de reserva de biósfera cercanas a la frontera.
Datos citados en el informe señalan que Nicaragua contaba en 2023 con 299 concesiones mineras activas, 172 de ellas metálicas. El sector exportó $1,391.6 millones en 2024, un crecimiento de 20.1 % respecto al año anterior, según cifras del Banco Central nicaragüense.
En el caso de Costa Rica, la minería ilegal en Crucitas se expandió de 900 hectáreas afectadas inicialmente a más de 3,000 este año, incluyendo un nuevo punto de extracción en el cerro Las Conchuditas. El ministro detalló que el resguardo de la zona cuesta al Estado $1 millón mensual y que se han asignado 200 efectivos policiales.
El titular de Seguridad recomendó agilizar el proyecto de ley 24.717 para regular la minería metálica a cielo abierto en Cutris de San Carlos, al considerar que una concesión formal permitiría establecer cerramientos perimetrales y reforzar la infraestructura policial en la zona fronteriza.