La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala rechazó la solicitud del presidente Bernardo Arévalo para que le retiraran el blindaje que le impide despedir a la fiscal general, Consuelo Porras, prolongando una guerra de funcionarios en la que abundan los señalamientos de corrupción y abuso de poder de ambas partes.
“A juicio de esta Corte, permanecen las circunstancias que hicieron aconsejable el otorgamiento del amparo provisional (…), no se accede a la solicitud referente a que se revoque la protección interina otorgada por este Tribunal en su oportunidad” a la fiscal, dice la resolución de la CC.
El 7 de mayo pasado la Corte amparó a Porras, quien pidió que el presidente y sus funcionarios se abstengan de”todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atente contra el mandato para el cual fue electa” la fiscal hasta 2026.
Porras, señalada por el mandatario como uno de los ejes de la corrupción que mantiene cooptado parte del aparataje de justicia, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla, además, antidemocrática.
El 31 de julio, Porras pidió encausar a Arévalo por promover reformas para conseguir su remoción, lo que supuestamente infringe la orden dictada en mayo por el alto tribunal y el mandatario respondió con una solicitud a la Corte Suprema para retirarle su inmunidad a la cuestionada funcionaria.
La fiscal general ha promovido procesos judiciales en contra de exfuncionarios y hasta periodistas críticos a la administración de Alejandro Giammattei, presidente de 2020 a 2022 y quien ahora es considerado por Estados Unidos como corrupto.
Giammattei tiene fuero como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
