La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una sentencia que retira el derecho de antejuicio a 4 secretarios de la Presidencia.
La resolución declara inconstitucionales varias frases de la Ley del Organismo Ejecutivo, contenida en el Decreto 114-97 del Congreso.
Como resultado, las disposiciones que otorgaban inmunidad a estos funcionarios quedan fuera del ordenamiento jurídico.
Qué secretarías pierden el derecho de antejuicio
Con la decisión, pierden el antejuicio las siguientes dependencias:
- Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
- Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
- Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
- Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia
En contraste, el Secretario General y el Secretario Privado mantienen este derecho, conforme a la Constitución.
Qué es el derecho de antejuicio en Guatemala
El antejuicio es una inmunidad procesal que protege a ciertos funcionarios públicos.
Este mecanismo impide que un juez inicie un proceso penal sin una autorización previa.
Primero, una autoridad competente analiza si la denuncia tiene fundamento. Luego decide si procede retirar la inmunidad.
Su objetivo es evitar denuncias infundadas que obstaculicen el ejercicio del cargo público.
Sin embargo, no elimina la responsabilidad penal. Solo establece un filtro antes de iniciar un proceso judicial.
Por qué la CC declaró inconstitucional la norma
La Corte determinó que una ley ordinaria no puede ampliar el antejuicio más allá de lo que establece la Constitución.
Según el fallo, otorgar este privilegio a más funcionarios crea beneficios no previstos en la norma suprema.
Por ello, la CC aplicó el principio de supremacía constitucional y anuló las disposiciones cuestionadas.
Antecedentes de la resolución
La acción de inconstitucionalidad se presentó en julio de 2024 por un grupo de abogados.
Además, en noviembre de 2025, la Corte ya había suspendido provisionalmente las mismas disposiciones.
Finalmente, la sentencia definitiva se notificó el 27 de marzo de 2026.
Implicaciones legales de la decisión
Desde ahora, estos secretarios podrán ser investigados sin necesidad de un proceso previo de antejuicio.
Esto permite que el Ministerio Público actúe directamente ante posibles denuncias.
Asimismo, la resolución elimina un mecanismo de protección que antes retrasaba los procesos judiciales.
En consecuencia, la decisión refuerza el principio de igualdad ante la ley para los funcionarios públicos.