Consejo Anticorrupción de Honduras destapa otro caso de aprovechamiento en Secretaría de Gobernación

El CNA destapó un esquema de corrupción donde empresas ligadas a familiares de funcionarios recibieron contratos irregulares por más de $500,000.

Un nuevo escándalo sacude a la administración pública hondureña. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expuso este jueves un esquema de corrupción que, entre 2022 y 2024, desvió más de 13 millones de lempiras (poco más de $500,000) del presupuesto estatal hacia empresas vinculadas con familiares de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

El informe, titulado “La sangre llama… y contrata”, documenta cómo al menos ocho empresas fueron favorecidas de forma irregular en procesos de compras menores, mediante un patrón de colusión entre oferentes con nexos familiares y administrativos.

Contrataciones simuladas y adjudicaciones dirigidas

Según el CNA, el fraude consistía en invitar a 3 empresas —al menos 2 de ellas ligadas por lazos familiares con personal de la Secretaría— a presentar cotizaciones. En la mayoría de los casos, dos de las tres empresas eran descalificadas deliberadamente por omitir documentación, permitiendo que la tercera (también vinculada familiarmente) obtuviera el contrato. De esta manera, se simulaba competencia y legalidad, aunque el beneficio se mantenía dentro del mismo círculo.

La investigación apunta directamente a 2 altos cargos de la SGJD: la Gerente Administrativa y el Subgerente de Recursos Materiales, cuyas familias están conectadas con las empresas beneficiadas. Además, un oficial de compras también ha sido denunciado por el supuesto delito de fraude.

El CNA presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra estos tres funcionarios, acusándolos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.

“Manipulación y control de los procesos”

El esquema, según el CNA, operó con planificación minuciosa: desde la recepción de solicitudes, la orden de adquisición, hasta el pago final, todo era controlado por las áreas administrativas bajo investigación. Las adjudicaciones no solo favorecieron a un grupo selecto, sino que también manipularon precios y limitaron la verdadera competencia.

El monto total identificado en estas prácticas asciende a 13,710,250.73 de lempiras ($528,280), transferidos a las empresas durante el período 2022–2024.

El CNA concluye que este caso es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede disfrazarse de legalidad mediante mecanismos internos de control mal utilizados, y reitera su llamado a las autoridades judiciales para actuar con celeridad en el procesamiento de los implicados.

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