Centroamérica tiene al menos 207,011 prisioneros, según las cifras oficiales más actualizadas por país y El Salvador es, por mucho, el país con más personas tras las rejas, con 107,997, lo que equivale al 52 % de los reclusos de la región.
Por el contrario, Belice es el que menos reos reporta en su sistema, con apenas 1,199 o el 0.5 % de la totalidad de los encarcelados centroamericanos.
En una región marcada por la violencia estos índices carcelarios no son para asombrarse.
Sólo El Salvador, que mantiene desde finales de marzo de 2022 un régimen de excepción como parte de su política de mano dura en seguridad pública ha arrestado a casi 81,000 pandilleros desde entonces.
Además tiene la prisión más grande de Latinoamérica, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construida a poco más de 60 kilómetros al oeste de la capital, que tiene capacidad para 40,000 prisioneros.
Las cárceles de la región
El Salvador no es sólo el país con más reos, también es el que cuenta con más cárceles. Oficialmente hay 27 centros penitenciarios, incluidos el Cecot, una enorme prisión de máxima seguridad.
Honduras es el país que le sigue con centros de reclusión, con 24, Guatemala con 22, Costa Rica con 20, Panamá con 17, Nicaragua con 15 y Belice con 1.
Las cárceles en Centroamérica enfrentan desde hace años una crisis profunda, marcada por el hacinamiento, la violencia y la falta de recursos para atender a la población penitenciaria.
Muchas prisiones operan a varios cientos por ciento de su capacidad, lo que agrava los problemas de salud, seguridad, y derechos humanos dentro de las instalaciones.
El hacinamiento es un problema crítico en la mayoría de los países de la región. En Honduras, donde hay alrededor de 25,000 prisioneros las cárceles superan con creces su capacidad original, creando un ambiente propenso a la violencia entre reclusos. Guatemala enfrenta una situación similar.
La sobrepoblación dificulta las labores de rehabilitación y reintegración social, fundamentales para reducir la reincidencia.
La violencia y el control de las cárceles por parte de grupos criminales son otro desafío persistente. En países como Nicaragua y Honduras, las cárceles a menudo están controladas por pandillas o grupos delictivos, lo que dificulta la gestión estatal y aumenta el riesgo de motines y enfrentamientos. En Nicaragua, donde hay alrededor de 17,000 prisioneros, la represión política también ha llevado a la encarcelación de disidentes, lo que añade una capa adicional de tensión al ya frágil sistema penitenciario.
A pesar de los esfuerzos por reformar los sistemas penitenciarios, como en Costa Rica, donde se ha intentado implementar programas de rehabilitación, los recursos limitados y la falta de voluntad política han frenado los avances significativos.
