El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su organización aliada, el Cártel de Chiapas y Guatemala, CCyG, afianzaron desde 2020 su presencia en la frontera entre Chiapas y Guatemala, especialmente en el paso clandestino de Santa Teresa Llano Grande, en México, hacia Guailá, en Guatemala.
Ese corredor, integrado por cinco poblados y con una extensión de 5.5 kilómetros, se convirtió en una ruta estratégica para el paso de mercadería y personas, bajo control criminal, según reportes de seguridad citados en la información original.
Según reportes de agencias de seguridad, en los últimos años, el CJNG también tomó el control de cientos de comunidades en la sierra hasta la frontera con Oaxaca, territorio que arrebató al Cártel de Sinaloa en medio de la disputa interna de poder que debilitó a esa organización.
Por ese corredor cruzan cada día entre 1,000 y 1,500 vehículos particulares, camiones y furgones, que transportan maíz, café, cemento, repuestos de vehículos, motocicletas nuevas, ganado, cerdos, ropa, armas, drogas y migrantes.
Los cobros impuestos por la estructura criminal varían según el tipo de carga. Para el traslado de víveres, ropa usada y otros productos, las cuotas oscilan entre 50 y 500 pesos, mientras que para camiones cargados con motocicletas nuevas o repuestos automotrices superan los 20,000 pesos.
La situación de miedo en Frontera Comalapa fue descrita por el exalcalde del PRI, Irán Mérida Matamoros, quien fue secuestrado el 14 de diciembre de 2023 y apareció en un video grabado por sus captores, divulgado en abril de 2024.
“Vivimos con ansiedad, con miedo. El cártel lo manejan Bladimir López Orantes y Antonio [Martínez]; ellos son los que cobran derecho de piso a todos los comerciantes. Exigen una cuota de 20,000 pesos y obligan a todos los taxistas, camioneros y locatarios del mercado a bloquear la carretera cuando el Ejército intenta entrar [al centro del pueblo]”, afirmó en la grabación.
Ese video fue lo último que se conoció públicamente del exfuncionario, en un contexto marcado por el dominio territorial del crimen organizado y por la imposición de extorsiones sobre comerciantes, transportistas y habitantes de la zona fronteriza.
El caso refleja el avance de las redes criminales en el sur de México, donde el control de pasos clandestinos y comunidades enteras ha fortalecido el tráfico de mercadería ilegal, armas, drogas y migrantes, además de aumentar la presión violenta sobre la población local.