La nómina de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2031 ha encendido alertas en Guatemala. Entre los perfiles figuran personajes vinculados a investigaciones por presuntas negociaciones en la elección de cortes y uno de ellos fue incluido en la llamada Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La lista fue entregada al Congreso y reúne a abogados y funcionarios con trayectoria en el sector justicia, la política gremial y el ámbito académico. Sin embargo, varios nombres aparecen mencionados en investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo la jefatura de Francisco Sandoval, en los casos Comisiones Paralelas y Comisiones Paralelas 2020.
Estos expedientes abordaron supuestas negociaciones para influir en la elección de magistrados de cortes, lo que en su momento generó una fuerte crisis institucional y cuestionamientos sobre la independencia judicial en Guatemala.
Además, uno de los aspirantes fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos e incluido en la Lista Engel, un mecanismo que señala a actores considerados involucrados en corrupción o en el debilitamiento de la democracia en Centroamérica.
La conformación de la nómina provocó reacciones inmediatas. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett, afirmó que las autoridades universitarias “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”, según un pronunciamiento oficial.
El proceso de elección de magistrados del TSE es clave para la estabilidad democrática del país, ya que este órgano es el encargado de organizar y supervisar los procesos electorales.
En un contexto regional donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio, la decisión que adopte el Congreso guatemalteco tendrá repercusiones políticas tanto a nivel nacional como internacional.