Una controversia sobre actividades vinculadas con la comunidad LGBTI en Antigua Guatemala abrió una disputa política y legal entre autoridades municipales, organizaciones sociales y sectores conservadores en Guatemala.
El conflicto surgió después de que la municipalidad rechazó una solicitud relacionada con la instalación de estructuras y cierres de calles para una actividad prevista el 20 de junio. Posteriormente, distintas organizaciones y actores presentaron recursos legales ante la máxima corte constitucional del país.
El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, informó que la administración municipal negó permisos para instalar tarimas y ejecutar cierres viales. Según explicó, la decisión ocurrió tras una evaluación de actividades ya programadas en el municipio.
Además, el jefe municipal convocó a cuerpos municipales de seguridad y monitoreo para emitir lineamientos sobre la situación.
Durante sus declaraciones públicas, Asturias afirmó que Antigua Guatemala posee una condición especial por su valor histórico y cultural. También señaló que las autoridades locales buscan proteger la identidad y las tradiciones familiares del municipio.
🚨🚨 Urgente Guatemala 🚨🚨
Se le hace un llamado a todos los vecinos de Antigua Guatemala que acuerpen al alcalde de la Antigua. Ante la amenaza del colectivo LGBTIQ que quiere ir hacer destrozos y su marcha en Antigua, está gente solo quiere ir a pervertir a los niños.
Hay… pic.twitter.com/mMTMSeR7nz— 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) June 19, 2026
La administración local argumenta razones vinculadas al orden municipal
El jefe edil explicó que Antigua Guatemala mantiene una categoría especial debido a su reconocimiento patrimonial e histórico.
La ciudad posee un importante valor cultural y turístico dentro del país. Además, organismos internacionales la reconocen por su patrimonio arquitectónico y su relevancia histórica.
Según Asturias, la municipalidad evaluó la solicitud presentada y concluyó que existían actividades previas en la agenda local. Por esa razón, la administración decidió no autorizar los cierres y estructuras solicitadas.
Sin embargo, el tema avanzó más allá de una discusión administrativa y pasó al ámbito judicial.
Organizaciones y sectores conservadores presentan acciones ante tribunales
La Asociación Lambda presentó un amparo contra el alcalde al considerar que la municipalidad carece de facultades para impedir la realización de la actividad.
La organización también pidió que las fuerzas de seguridad no sean utilizadas para bloquear la marcha programada.
Por otra parte, la Asociación de Abogados Profesionales Cristianos presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad. El recurso busca limitar el uso de espacios públicos para este tipo de actividades.
Mientras tanto, el propio alcalde presentó otra solicitud judicial para impedir la realización de la marcha.
Corte Constitucional analizará solicitudes enfrentadas
La controversia ahora se concentra en la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano encargado de resolver asuntos relacionados con la interpretación constitucional en Guatemala.
La institución ya admitió el recurso presentado por el alcalde y otorgó un plazo de 7 horas a las autoridades señaladas para entregar informes antes de decidir si concede una medida provisional.
La decisión podría definir el desarrollo de la actividad prevista para este 20 de junio y establecer criterios sobre el alcance de las competencias municipales, el uso de espacios públicos y los derechos relacionados con actividades ciudadanas.