Las autoridades de Honduras anunciaron una estrategia para intervenir centros de educación media donde se ha detectado la presencia de grupos delictivos que utilizan a estudiantes para actividades ilícitas. La medida será ejecutada por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Secretaría de Educación y otras instituciones estatales.
El jefe de operaciones de la DAET, comisario Cristian Nolasco, explicó que actualmente se desarrollan mesas técnicas para definir el inicio y el alcance de las intervenciones. El objetivo es recuperar el control de los espacios educativos donde ya se confirmó la actividad de estructuras criminales y posteriormente extender el modelo a otros puntos del país.
Según las investigaciones policiales, estos grupos involucran a menores de edad en la venta de drogas y otras actividades delictivas, tanto dentro como fuera de los centros escolares. Además, las autoridades detectaron prácticas como el cobro ilegal a estudiantes por utilizar determinados espacios, una señal de que estas organizaciones ejercen control territorial incluso dentro de los institutos.
Nolasco advirtió que la presencia de estas estructuras deteriora el ambiente educativo, genera temor entre los alumnos y contribuye a la deserción escolar. Por ello, el plan no se limitará a operativos de seguridad, sino que incluirá acciones preventivas y programas sociales dirigidos a reducir la vulnerabilidad de los jóvenes.
Problema añejo
El problema no es nuevo en Honduras. En los últimos años, autoridades y organizaciones civiles han alertado sobre el uso de escuelas y colegios como espacios para el reclutamiento de adolescentes y la distribución de drogas, una dinámica vinculada a la expansión de redes criminales en comunidades con altos niveles de exclusión social.
La dimensión del fenómeno quedó reflejada en un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), que concluyó que cuatro de cada diez centros educativos del país presentan presencia de grupos delictivos.
Especialistas señalan que factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la desintegración familiar facilitan que estas organizaciones capten a menores desde edades tempranas, un desafío que también preocupa a otros países de Centroamérica por el impacto regional de la violencia juvenil y el crimen organizado.