La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate una reforma al Código Penal que eleva significativamente las penas por estafa. La medida surge como respuesta al crecimiento sostenido de los delitos financieros y digitales en el país, donde cada día al menos 17 personas son víctimas de fraude.
El proyecto de Ley 277, que ahora espera la sanción del Ejecutivo, modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal. Por lo tanto, endurece las condenas para quienes cometan este tipo de delitos.
Las nuevas disposiciones establecen que la estafa simple será castigada con penas de entre 4 y 6 años de prisión. Sin embargo, la estafa agravada tendrá sanciones de entre 7 y 12 años de cárcel.
Antes de esta reforma, las penas eran considerablemente menores: de 1 a 4 años para casos simples y de 5 a 10 años en situaciones agravadas. Según las autoridades, esto resultaba insuficiente frente al crecimiento del delito.
Otro cambio clave es la reducción del monto necesario para considerar una estafa como agravada: el umbral baja de $100,000 a $50,000, lo que ampliará el alcance de los casos que recibirán castigos más severos.
Las autoridades explicaron que la reforma también responde al auge de las estafas digitales. Esto incluye llamadas engañosas, mensajes falsos y suplantación de identidad en redes sociales. Además, estas prácticas se han vuelto cada vez más frecuentes.
De acuerdo con la Asociación Bancaria de Panamá, los intentos de fraude financiero alcanzan los $125 millones al año. De este monto, unos $20 millones se concretan, afectando a clientes, bancos y empresas.
Entre 2025 y lo que va de 2026, los ciberdelitos han aumentado más de 113%, según la Policía Nacional. Esto evidencia la rapidez con la que este fenómeno se expande en el país y en la región.