El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica advirtió que el proceso sancionador contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política se reanudará una vez que finalice su mandato presidencial el próximo 8 de mayo. El anuncio se da tras la negativa de la Asamblea Legislativa de levantar la inmunidad al mandatario.
El Congreso costarricense votó el 16 de diciembre una moción para retirar el fuero presidencial de Chaves, la cual no alcanzó la mayoría calificada de 38 votos, quedándose con 35 a favor y 21 en contra. Esta votación imposibilita al TSE continuar con el proceso mientras el presidente se mantenga en funciones.
Ante este escenario, el TSE emitió un comunicado oficial donde reafirma que el procedimiento queda suspendido temporalmente y se reactivará cuando el presidente ya no esté protegido por la inmunidad constitucional. El tribunal subrayó que, aunque respeta la decisión del Poder Legislativo, mantiene plena autoridad para investigar y sancionar la beligerancia política.
“La beligerancia política es un ilícito cometido por funcionarios públicos que violan su deber de imparcialidad político-partidaria”, señaló el TSE. Este delito puede conllevar la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de entre dos y cuatro años, según lo establece la Constitución y el Código Electoral.
La solicitud de levantar la inmunidad fue impulsada por la Sección Especializada del TSE tras admitir 15 denuncias contra Chaves, basadas en una investigación preliminar que lo vincula con actuaciones que habrían favorecido a ciertas fuerzas políticas desde su posición como jefe de Estado.
En su pronunciamiento, el tribunal electoral también celebró que, tanto la admisión del caso por parte de una comisión legislativa, como los informes técnicos y la votación en el Plenario, hayan ratificado la competencia del TSE para conocer y sancionar este tipo de conductas.
El organismo recordó que el artículo 102 inciso 5 de la Constitución y el artículo 270 del Código Electoral exigen que, tratándose de altos funcionarios con inmunidad, se debe contar con la aprobación legislativa para iniciar un proceso sancionatorio. Sin esa aprobación, los procedimientos no pueden avanzar hasta que cesen del cargo.
Chaves ha denunciado una persecución política tras la acusación del TSE y ha mantenido feroces arremetidas contra el organismo electoral.